El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, confirmó que, derivado de la revisión a funcionarios municipales que ostentan dos plazas, tanto en ayuntamientos como en el Poder Ejecutivo, detectaron a 12 servidores públicos que, con ambos salarios, obtienen ingresos superiores a los del gobernador Julio Menchaca Salazar.
Ante medios de comunicación, mencionó que inicialmente encontraron 700 casos de presidentes municipales, síndicos, regidores o funcionarios de alcaldías que también tenían plazas en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) u otras dependencias; por ello, exigieron la presentación del dictamen de compatibilidad.
De ese total, aceptaron 12 casos, debido a que su labor en escuelas sólo requería asistir una o dos horas, ya que impartían clases deportivas o culturales. En contraste, el resto de los dictámenes fueron rechazados porque no encontraron coincidencia en atribuciones y horarios.
Además, la Secretaría de Contraloría encontró que específicamente una docena de servidores públicos obtenían un salario igual o superior al de presidentes municipales, diputados, secretarios o el gobernador, cuyo sueldo asciende a 76 mil 300 pesos mensuales. Estos casos se ubican en Tasquillo, Huejutla, Francisco I. Madero, Calnali, Mineral de la Reforma, Progreso de Obregón, Tizayuca, Tlaxcoapan, Actopan e Ixmiquilpan.
“Los tenemos identificados, estamos en espera de las declaraciones patrimoniales para poder cerciorarnos de los casos, también tuvimos casos especiales o atípicos en donde era prácticamente imposible presentar doble servicio”.
Ejemplificó casos de personas que dobleteaban plazas en lugares alejados, donde era inviable cumplir con ambos empleos. Entre ellos, mencionó a una persona que laboraba en Tlahuelilpan e Ixmiquilpan, con más de cuatro horas de distancia; así como otra con responsabilidades en Atlapexco y Tepehuacán de Guerrero, con un trayecto de tres horas y 20 minutos.
Bardales Ramírez agregó que la mayoría optó por solicitar licencia sin goce de sueldo; sin embargo, algunos de los señalados interpusieron juicios para proteger sus derechos político-electorales, así como amparos para anular la determinación.
“Tenemos tres juicios de nulidad vigentes que han presentado porque dicen que violentamos sus derechos, esos tres juicios siguen vigentes y tiene la doble remuneración, pero si pierden el juicio, tienen que devolver el monto percibido por todo el tiempo que estuvieron ahí, además de las penas económicas, ejercer una función sin tener derecho; dos regidoras tienen amparos ante juzgados federales, se les ha negado suspensión provisional”.
Durante la conferencia de prensa, recordó que mayo es el mes para presentar las declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de intereses. Más de 120 mil servidores públicos de los tres poderes, organismos autónomos y municipios deben cumplir con esta obligación; hasta el momento, registran un avance de 25 por ciento y esperan alcanzar una meta similar a la de 2025, cuando se logró 99.62 por ciento de cumplimiento general.
Para quienes incumplan esta obligación, existen sanciones como la inhabilitación del cargo o responsabilidad durante cuatro meses, o más tiempo en caso de reincidencia. Hasta el momento, se han registrado 172 bajas de funcionarios.
“Cuando los errores o incumplimiento son recurrentes, va a un año en lo que tenemos en la secretaría, dentro de las facultades directas, pero si observamos que además hay un dolo o enriquecimiento inexplicable, ya esos no los desahogamos nosotros o los Órganos Internos de Control, sino que dependiendo de la naturaleza los turnamos al Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Anticorrupción o la Procuraduría General de Justicia”.
