Reforma federal aplazaría a 2028 la elección de jueces y magistrados en Hidalgo

La propuesta federal busca mover la elección judicial concurrente al año 2028 para evitar la carga operativa de empatarla con los comicios ordinarios de 2027; en Hidalgo, implicaría elegir magistrados, jueces y nuevas autoridades del órgano de administración judicial.

El Gobierno de México presentará al Congreso de la Unión una reforma para que la elección de las y los nuevos integrantes del Poder Judicial federal y de los tribunales de justicia de los estados, incluido el de Hidalgo, se desarrolle en 2028 y no en 2027, como actualmente está programado, debido a la complejidad que representaría realizar este proceso electoral el siguiente año.

En la conferencia mañanera de este lunes, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer la propuesta avalada por Claudia Sheinbaum para que sea aprobada en sesión extraordinaria en las cámaras de senadores y diputados, al argumentar que sería muy desgastante realizar un proceso electoral para renovar en algunas entidades al Poder Ejecutivo, presidencias municipales, diputaciones federales y locales, así como al Poder Judicial en 2027.

De acuerdo con la propuesta, la jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027 se movería al 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local, mientras que las elecciones posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios para renovar las vacantes que se presenten.

Para la elección de 2028, en caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión y avalada por los legislativos de cada una de las entidades, se renovarían cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 juzgados de distrito y, en los poderes judiciales locales, 424 magistraturas y 2 mil 831 juzgados en 25 estados de la República.

Luisa María Alcalde Luján señaló que esta reforma, aunque es federal, deberá replicarse en los estados, por lo que se propone la creación de la Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de evaluación de los tres poderes, verificar el cumplimiento de requisitos formales de aspirantes y realizar una insaculación obligatoria de candidaturas.

Además, se plantea reducir el número de candidaturas para facilitar la elección —deberán ser las mejores evaluadas por cargo—, así como simplificar la boleta electoral para que sea más accesible para la ciudadanía al momento de elegir a quienes integrarán el Poder Judicial.

Quienes resulten ganadores deberán someterse a una evaluación de desempeño durante el primer año del cargo y contar con capacitación permanente por parte del Tribunal de Disciplina local.

Otras modificaciones presentadas por Luisa María Alcalde Luján contemplan que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, para garantizar que representantes partidistas no intervengan; además, se adelantará tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, pasando de septiembre a abril del año previo a la elección, para conformar los comités de evaluación.

Asimismo, cuando jueces o magistrados se ausenten por fallecimiento, renuncia o destitución, el cargo quedará vacante hasta renovarse en el siguiente proceso electoral.

Para Hidalgo sería la primera elección de renovación del Poder Judicial, donde actualmente se cuenta con 18 magistradas y magistrados, incluida la presidenta Rebeca Aladro, además de 110 jueces en 17 distritos judiciales.

Sin embargo, también en la entidad se elegirán a las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial, que suplirá al Consejo de la Judicatura, conformado por cuatro integrantes y una presidencia, quienes formarán parte del Tribunal de Disciplina.

Cabe recordar que tanto el Instituto Nacional Electoral en Hidalgo como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo coincidieron en señalar que empatar los comicios ordinarios de 2027 con la elección de personas juzgadoras generaría complicaciones logísticas, operativas y presupuestales.






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