El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo y ex titular de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal, Damián Canales Mena, fue inhabilitado por 15 años para ocupar cualquier cargo o comisión en el servicio público, tras una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La sanción deriva de investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en las que se acreditaron faltas administrativas graves relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos dentro de la extinta Policía Federal.
De acuerdo con el comunicado oficial, el caso está vinculado a un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD, destinado a la adquisición de un sistema de vigilancia e inteligencia. Sin embargo, las investigaciones señalan que los recursos asignados para el cumplimiento de dicho contrato habrían sido desviados, lo que generó un daño estimado en más de 65 millones de dólares.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó imponer a Canales Mena la inhabilitación por 15 años, además de una sanción económica por la reparación del daño, al considerar acreditadas las irregularidades administrativas.
En el mismo caso también fue sancionada la ex secretaria general de la corporación, Frida Martínez, también exfuncionaria de Hidalgo, quien recibió una inhabilitación por 20 años y una indemnización económica similar.
Las autoridades señalaron que los hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde continúan las investigaciones en el ámbito penal.
Damián Canales Mena fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo durante los sexenios de Miguel Ángel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruíz, antes de integrarse a mandos federales en materia de inteligencia dentro de la Policía Federal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que el combate a la corrupción continuará y llamó a fortalecer la denuncia ciudadana como mecanismo para combatir la impunidad en el servicio público.
