El doctor en Derecho y presidente de la Fundación de Cultura Taurina “Rodolfo Gaona”, Salvador Arias Ruelas, consideró que la consulta ciudadana aprobada por los diputados locales sobre la permanencia o prohibición de las corridas de toros en Hidalgo es improcedente.
Durante una entrevista con Effetá, señaló que el sector taurino sostiene que la tauromaquia está protegida por derechos reconocidos en las constituciones de México y de Hidalgo, además de formar parte de la cultura y de las festividades cívicas y religiosas de diversas poblaciones del estado.
Respecto al análisis que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) sobre la consulta, Arias Ruelas indicó que jurídicamente el término adecuado no es hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino de procedencia o improcedencia. En ese sentido, afirmó que coinciden en que el ejercicio es improcedente y explicó tres razones.
La primera, dijo, es que la consulta plantea la posible restricción de un derecho fundamental. Señaló que la Constitución de Hidalgo reconoce el derecho de toda persona a acceder al patrimonio cultural del estado y que la consulta plantea si una actividad puede dejar de ser considerada patrimonio cultural. Añadió que el artículo 7 de la Ley de Participación Ciudadana prohíbe consultar asuntos relacionados con la restricción de derechos.
La segunda razón, mencionó, es que existe una confusión sobre la naturaleza de la consulta ciudadana. Explicó que los mecanismos de democracia participativa no sustituyen al sistema representativo y que, independientemente del resultado de la consulta, para una eventual prohibición de las corridas de toros tendría que modificarse el artículo 65 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo.
Como tercer punto, señaló que actualmente en el Congreso de la Unión se encuentra en discusión una Ley General en materia de bienestar, protección y cuidado de los animales. Indicó que, al tratarse de una ley general, establecerá obligaciones para la Federación y las entidades federativas, por lo que el resultado de la consulta podría quedar desplazado o sin efectos una vez que dicha legislación entre en vigor.
El especialista sugirió que el Congreso de Hidalgo debe esperar la aprobación de esa ley general para posteriormente armonizar la legislación local. Mencionó que deberían instalarse mesas serias de trabajo en las que se escuche tanto a quienes están a favor como a quienes están en contra de la tauromaquia.
Aseguró que en los foros realizados hasta ahora los participantes han contado con tiempos reducidos, lo que, a su juicio, impide exponer la complejidad del tema, así como los argumentos jurídicos, económicos, ecológicos y culturales relacionados con la actividad. Arias Ruelas también sostuvo que la discusión debe realizarse con datos científicos, económicos y jurídicos.
Indicó que desde el sector taurino cuentan con información que puede ponerse sobre la mesa para discutirla y contrastarla con la presentada por quienes buscan la prohibición.
Aseguró que, desde la perspectiva legal, no cualquier afectación al bienestar animal constituye maltrato, ya que jurídicamente este implica que la afectación sea injustificada o innecesaria, desproporcionada o contraria a regulaciones existentes.
Añadió que, desde su punto de vista, la tauromaquia tiene una justificación; lo que ocurre en el ruedo es necesario dentro de esa actividad, no es desproporcionado y se realiza conforme a reglamentos y leyes específicas.
Sobre las personas que consideran que las corridas de toros generan sufrimiento al animal, respondió que cada persona puede tener su propia opinión al respecto. Reconoció que en la plaza hay sangre y que el toro es sacrificado, pero señaló que existe un grupo de mexicanos que disfruta de esta tradición y la vive como parte de su cultura.
Mencionó que a quienes no les gustan los toros les asiste el derecho de no acudir a estos espectáculos, pero pidió respeto para las personas que disfrutan de esta actividad.
Aseguró que la tauromaquia puede ser criticada desde el punto de vista moral, o puede no gustar a determinados sectores, pero consideró que eso es distinto a afirmar que vulnera derechos humanos.
