La diputada Montcerrat Hernández Pérez presentó una iniciativa para sancionar de manera específica a quienes difundan imágenes, videos, audios, documentos, datos o materiales de investigación relacionados con casos de feminicidio en Hidalgo.
La propuesta plantea adicionar el artículo 202 Quater al Código Penal del Estado de Hidalgo, a fin de crear el delito de lesiones a la dignidad de las víctimas de violencia de género.
De acuerdo con la legisladora, la legislación vigente resulta insuficiente, pues actualmente las sanciones están enfocadas principalmente en la difusión de contenido íntimo sexual, pero no contemplan de forma autónoma la filtración de imágenes de cadáveres, escenas del crimen, restos humanos o información ministerial relacionada con feminicidios.
Buscan evitar revictimización de familias
Hernández Pérez señaló que la difusión de este tipo de material constituye una forma de violencia mediática, ya que vulnera la dignidad de las víctimas, afecta la privacidad de sus familias, genera revictimización y puede comprometer el desarrollo de las investigaciones judiciales.
Aunque Hidalgo ya incorporó la llamada Ley Ingrid en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la diputada sostuvo que aún existe un vacío legal en el Código Penal para castigar con claridad estas conductas.
La iniciativa advierte que la exposición pública de imágenes o materiales relacionados con un feminicidio puede provocar afectaciones psicológicas severas en madres, padres, hijas, hijos, hermanas y demás familiares de las víctimas.
Plantean cárcel, multas e inhabilitación
La propuesta establece sanciones de tres a seis años de prisión, multas de 200 a 500 días, destitución definitiva del cargo e inhabilitación para ocupar puestos públicos por un periodo igual al de la condena impuesta.
Estas penas serían aplicables a servidores públicos que, de manera indebida, difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, distribuyan, fotografíen, videograben, reproduzcan, comercialicen o compartan materiales periciales, forenses o ministeriales vinculados con investigaciones por feminicidio.
Además, las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas sean niñas o adolescentes, cuando la filtración afecte el debido proceso, cause daño psicológico grave o cuando el material sea difundido en medios de comunicación o plataformas digitales de alcance masivo.
La iniciativa también contempla que este delito sea perseguido de oficio y que no pueda justificarse mediante el consentimiento de particulares.
