Aunque la legislación ya obliga a denunciar los delitos cometidos contra mujeres y niñas, la falta de mecanismos que garanticen el cumplimiento de esa responsabilidad continúa generando obstáculos para la atención de estos casos, por lo que la diputada local Claudia Lilia Luna Islas presentó una iniciativa para fortalecer la actuación de las instituciones públicas.
La propuesta plantea reformar el artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de obligar a las dependencias estatales y municipales a implementar sistemas de notificación inmediata, registro, seguimiento de denuncias y capacitación permanente para las personas servidoras públicas.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma busca que la obligación de denunciar deje de depender únicamente de la voluntad de los funcionarios y se convierta en un procedimiento institucional respaldado por mecanismos de control y seguimiento.
La legisladora explicó que, si bien la legislación vigente ya establece el deber jurídico de denunciar, la redacción actual carece de herramientas que permitan verificar su cumplimiento efectivo, por lo que propone fijar obligaciones claras para todas las dependencias de la administración pública estatal y municipal.
La iniciativa contempla que la denuncia forme parte de un sistema integral de respuesta institucional, mediante un registro unificado de casos, mecanismos de seguimiento y capacitación continua del personal encargado de atender hechos de violencia de género.
Asimismo, busca garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, bajo los principios de debida diligencia, perspectiva de género, transversalidad e interculturalidad.
Otro de los ejes de la propuesta consiste en establecer la capacitación permanente y obligatoria para que las y los servidores públicos identifiquen oportunamente las distintas manifestaciones de violencia y eviten omisiones derivadas de la falta de preparación.
La reforma también mantiene la obligación de que cualquier servidor público que, en ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de un probable delito contra una mujer o una niña lo denuncie de inmediato ante el Ministerio Público y, en caso de flagrancia, ponga a disposición a la persona imputada. Quien incumpla esta obligación será sujeto a las sanciones previstas por la ley.
La diputada señaló que el objetivo es contribuir a disminuir la impunidad en los casos de violencia de género mediante un marco normativo más sólido y una respuesta institucional coordinada.
