La Unidad de Planeación y Prospectiva detectó al menos 470 fraccionamientos sin municipalizar en el corredor Pachuca-Tizayuca, mientras que en todo el estado podrían existir alrededor de 2 mil desarrollos habitacionales que no han sido entregados formalmente a los municipios por parte de las empresas constructoras.
Así lo informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Tello Vargas, quien explicó que esta situación ha generado problemas para miles de habitantes, ya que al no concluirse el proceso de municipalización, los fraccionamientos permanecen sin acceso pleno a servicios públicos y mantenimiento.
Municipio 85 no resolvería el problema
Respecto a la propuesta de crear el municipio número 85, impulsada por habitantes de fraccionamientos ubicados entre Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala, Tello Vargas consideró que el planteamiento es viable desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero; sin embargo, afirmó que esa medida no resolvería el problema de fondo.
Indicó que el origen de la situación radica en que durante años no se obligó a los desarrolladores inmobiliarios a entregar los conjuntos habitacionales completamente terminados y con todos los servicios a los ayuntamientos.
Preparan reforma para endurecer sanciones
El funcionario adelantó que el Gobierno de Hidalgo trabaja en una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, con el propósito de establecer sanciones más severas para los fraccionadores que incumplan con la entrega de los desarrollos a los municipios.
Explicó que la legislación vigente, elaborada en las décadas de los 70 y 80, resulta insuficiente para atender la problemática actual del crecimiento urbano.
La iniciativa también busca impedir la construcción de vivienda en cerros o zonas de riesgo, definir con mayor precisión los polígonos de actuación y fortalecer las herramientas legales para que los municipios puedan recibir los fraccionamientos y prestar los servicios correspondientes.
Tello Vargas señaló que actualmente muchos de estos desarrollos permanecen en un "limbo legal", donde ni el Estado ni los municipios pueden invertir recursos públicos para su mantenimiento o mejoramiento.
Finalmente, indicó que la propuesta de reforma se trabaja desde el año pasado entre la Coordinación Jurídica y la Coordinación General Normativa y, una vez concluida, será enviada al Congreso del estado para su análisis.
