Las lluvias de octubre pasado dejaron en distintas zonas de nuestro estado una marca indeleble en su memoria colectiva. Para miles de familias en Hidalgo la emergencia significó perder seres queridos y bienes materiales y, por si eso fuera poco, también el descubrir que el lugar donde habían construido su vida ya no era habitable. Por eso la reconstrucción que hoy avanza en distintas regiones del estado tiene una dimensión que va mucho más allá de garantizar servicios básicos: se trata de conseguir que quienes fueron afectados puedan recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad que un fenómeno natural muy inusual les quitó de un día para otro.
Los números permiten entender el tamaño del asunto. Hay 2 mil 866 viviendas censadas dentro del proceso de atención en 23 municipios con zonas de riesgo y, de ellas, 476 personas manifestaron contar con un terreno propio donde podría reconstruirse fuera de peligro, mientras otras 2 mil 390 están consideradas para recibir un apoyo directo que les permita establecerse en otro sitio. A esto se suman 129 obras de reconstrucción, con una inversión estatal superior a los mil 930 millones de pesos, destinadas a infraestructura pública. Es decir, la emergencia terminó hace meses, pero la reconstrucción todavía tiene camino por recorrer.
Aquí hay algo que vale la pena reconocer porque muchas veces se pierde entre las cifras: reconstruir no significa colocar nuevamente a una familia exactamente donde estaba antes de la tragedia o sólo darle un cheque como apoyo. Si una vivienda quedó dentro de un polígono considerado de alto riesgo, lo responsable es encontrar otra solución, aunque eso implique un proceso más complicado. En esa tarea participan autoridades estatales, municipales y federales, y la SEDATU, encabezada en Hidalgo por Julio Valera, tiene una responsabilidad particularmente importante en la identificación de esas zonas y en la ruta de relocalización.
El tema requiere de mucha sensibilidad porque detrás de cada expediente hay una familia esperando saber dónde podrá volver a empezar y quizá ahí está también la parte de justicia social que pocas veces dimensionamos. Para quien tiene recursos, perder una propiedad es una tragedia, pero eventualmente existen alternativas en su camino, pero para una familia que construyó durante años su único patrimonio y de pronto descubre que ya no puede vivir ahí, la posibilidad de comenzar nuevamente depende indispensablemente de un apoyo gubernamental serio.
Después de la lluvia viene entonces una responsabilidad mucho más trascendente que la emergencia. Los gobiernos son evaluados por cómo reaccionan ante una emergencia, pero también por lo que sucede meses después, cuando ya no hay cámaras, pero donde las familias esperan recuperar su patrimonio. Hidalgo ha entrado precisamente en esa etapa y habrá que seguirla con atención, porque reconstruir una casa claro que importa, pero conseguir que una familia pueda volver a sentirse segura bajo un techo propio significa reconstruir una parte de su vida con dignidad.
