En México hay una frase que dice: “La justicia tarda, pero llega”, pero María Badillo Islas, de 46 años, ha esperado casi 20 años para que su agresor, quien fue su pareja, sea juzgado por haberle disparado con una escopeta y llevarla a una barranca en San Lucas Allende, donde se desangraba. Un adulto mayor la ayudó y la trasladó al Centro de Salud de Atotonilco el Grande.
En ese tiempo, el feminicidio aún no estaba tipificado en el Código Penal de Hidalgo, por lo que la investigación se inició como tentativa de homicidio. Posteriormente, un juez reclasificó el delito como lesiones que tardan en sanar más de 15 días, pese a que María vive con las secuelas de la agresión cometida por quien es el padre de sus hijos.
María es originaria del municipio de Atotonilco el Grande, específicamente de la comunidad de El Contadero, donde ocurrieron los hechos. Su agresor, Alfonso H. G., es de la misma comunidad. Cuando se separaron, él se llevó a uno de sus hijos, de cuatro años, a quien no ha visto durante todo este tiempo.
Actualmente se espera la resolución de un amparo, en medio de un largo camino judicial que María ha recorrido sin obtener justicia. Las cicatrices que le dejó el disparo de escopeta en el brazo las cubrió con un tatuaje. Ella es una sobreviviente que sólo espera que la justicia llegue.
Los hechos
María relata que comenzó a vivir con él a los 16 años. Vivieron un tiempo en Estados Unidos. Con el paso de los años, él le propuso regresar a México. Ella aceptó porque quería que sus hijos conocieran a su familia y a su mamá.
Recuerda que él la alejó mucho de su familia. “Siento que me trabajó, me envolvió tanto que yo me separé mucho de mi familia”, dijo. Fruto de esta relación tuvieron cuatro hijos.
Llegaron a México y, en menos de un año, empezaron a construir su casa. Él salía a trabajar, mientras María se quedaba al cuidado de sus hijos y realizaba las labores del hogar, pero descubrió que le era infiel.
Cuando lo confrontó, le dijo que no tenía problema, que él podía ver a los niños y ella se los llevaría. Él respondió que no era cierto. María pensó que, en la primera oportunidad, se iría porque no quería esa vida ni que su hija pensara que así era el matrimonio. Decidió marcharse y fue entonces cuando comenzó su martirio, narró a Effetá.
Acudió a la presidencia municipal, pues temía que la acusaran de abandono de hogar, pero le explicaron que, por la situación jurídica del terreno y la casa, no incurría en ello. Cuando fue por sus hijos, su suegra le impidió llevarse ropa y otras pertenencias.
“Me dejaron ya nomás salir con mi ropa y la de mis hijas, nomás es lo que yo pude sacar. Todo lo que es económico, todo lo que hicimos, lo que construimos como matrimonio, lo dejé”, dijo.
A los tres días, él la buscó. Su agresor le advirtió que se las iba a pagar y le exigió que regresara a su casa. “Le dije: no, no voy a regresar, no voy a regresar. Esa vida yo no la quiero, esa vida no. Mis hijos no quiero que crezcan viendo eso, le digo. Tengo una niña, no quiero que mi hija vea que el matrimonio es eso. Quiero que crezcan con una mente sana”, agregó.
En los siguientes días le hacía llamadas para amenazarla y ofenderla con palabras altisonantes. Dos días antes del Día del Maestro él se llevó a uno de sus hijos. María presentó una denuncia por sustracción de menor, pero le dijeron que no procedía porque era su papá. Hasta hoy no sabe nada de ese hijo, el mediano, que ahora tiene 25 años y cumple años el 29 de junio.
Para presuntamente entregarle a su hijo, él la citaba en distintos lugares y le decía que se lo iba a dar, pero que acudiera sola o llevara a los niños. Ella pensó que quería quitarle a otro de sus hijos.
También denunció las amenazas de muerte. Recordó a la persona que estaba en el Ministerio Público, a quien identificó como Sonia Dorantes. Le explicó que él la amenazaba de muerte y que aún no estaban divorciados, pero le respondieron que necesitaba presentar pruebas de las amenazas.
El 4 de julio de 2007, al término del ciclo escolar, María acudió a la primaria por los documentos de su hijo mayor. Su hija no iba con ella, pues estaba al cuidado de su mamá. Caminaba hacia la escuela con su hijo y los amigos de este, mientras cargaba una caja de red con libros y otras pertenencias. Una señora la detuvo durante uno o dos minutos. A lo lejos escuchó un vehículo que circulaba a alta velocidad. Cuando lo vio cerca, pensó que los iban a atropellar. Empujó a su hijo hacia un poste porque no quería que su expareja lo agarrara.
Alfonso bajó del vehículo con una escopeta de retrocarga y le disparó a quemarropa, delante de su hijo y de las madres de familia que salían de la escuela. La suegra de María también se encontraba entre las personas presentes. Recuerda que él le gritó: “Súbete, hija de tu puta madre”. La subió al vehículo y fue entonces cuando todo “se le nubló”.
Cuando reaccionó, estaba en la camioneta y él le decía que se iba a morir, que por qué lo había dejado y que se iba a acordar de él. La llevó a una barranca de la comunidad de San Lucas Allende y, durante el trayecto, la amenazaba con la escopeta de retrocarga.
En dos ocasiones orilló el vehículo junto a un barranco, “tan cerquita” que a María todavía le da miedo recordar esa situación. Le decía que ahí se iba a morir y: “ni los zopilotes te van a encontrar”. Ella pensó que le iba a disparar nuevamente. Después bajaron hasta el poblado.
Allí la dejó con un señor, a quien amenazó para que la regresara y recibiera atención médica, y se fue. Desde ese momento, María no volvió a verlo hasta 2023, cuando fue detenido.
El señor la llevó al centro de salud un jueves, día de plaza en Atotonilco el Grande. María contó que, al verla tan mal, el hombre le hacía preguntas sobre su vida y su familia. Debido a la gravedad de sus lesiones, en el Centro de Salud de Atotonilco el Grande la canalizaron al Hospital General de Pachuca.
Cuando el personal médico observó la herida de bala, acudió el Ministerio Público para iniciar la averiguación previa, como se denominaba al procedimiento en el antiguo sistema penal. Se presentó la denuncia, pero la investigación avanzó muy lentamente porque durante años su agresor evadió la justicia.
El disparo de escopeta le destrozó el brazo derecho a María, por lo que tuvo que ser reconstruido. Actualmente tiene un tatuaje en esa parte del cuerpo, para que la gente observe el diseño y no las heridas que le dejó la agresión.
También tiene 56 municiones incrustadas en el lado derecho del cuerpo, algunas en el pulmón, que no pudieron extraerle. Esto le genera problemas de salud y le impide realizar algunas de sus actividades. Dijo que la agresión la dejó mal “física, moralmente, de todo”.
Estuvo un mes hospitalizada.
Narró que fue sometida a unas cinco o seis cirugías en el brazo, que quedó tan lastimado y quemado que tuvieron que rasparle el brazo y el hombro para retirar toda la piel dañada. También le colocaron injertos de piel de sus piernas. Todos estos procedimientos se realizaron en el Hospital General.
Cuando fue dada de alta, psicológicamente necesitaba permanecer en un cuarto completamente cerrado. La luz y los ruidos le afectaban y, según dijo, todavía le afectan. No podía salir, pero pensó que tampoco podía permanecer encerrada para siempre. Continuó su tratamiento con el médico que la atendió en el Hospital General, aunque ya de manera particular. El especialista le explicó que necesitaba más procedimientos para reconstruir un poco más el brazo.
Fue en 2023 cuando recibió una llamada para preguntarle si conocía a Alfonso H.G. Ella respondió que sí, que había sido su pareja. Le informaron que lo tenían detenido y fue entonces cuando volvió a saber de él.
Lo detuvieron el 19 de septiembre de 2023 porque, presuntamente, tenía una orden de aprehensión por tentativa de homicidio. El día 25 se enteró de que ya estaba libre, que le habían retirado el cargo de tentativa de homicidio y que el delito había sido reclasificado como lesiones.
En ese momento no tenía abogado, pero preguntó cómo era posible que hubieran retirado la acusación por tentativa de homicidio. Cabe recordar que el delito de feminicidio se tipificó en el estado de Hidalgo en marzo de 2013, años después de que ocurrieron los hechos.
Presentó una apelación o escrito para preguntar por qué lo habían dejado en libertad. Las investigaciones, las indagatorias y la reclasificación del delito se realizaron en Tulancingo. Al cambiar la acusación de tentativa de homicidio a lesiones, Alfonso obtuvo su libertad bajo fianza mediante el pago de 8 mil pesos, lo cual consta en el expediente 01/2008.
María acusó que la autoridad actuó a favor de su expareja, pues finalmente lo dejaron libre y a ella sin justicia, pese a que Alfonso le destrozó el brazo y se llevó a uno de sus hijos, a quien no ha vuelto a ver.
La defensa de María, encabezada por el abogado Apolinar Edmundo Ballesteros Téllez, informó que el agresor promovió un incidente de prescripción del delito. Al cambiar la acusación de tentativa de homicidio a lesiones, la pena es menor y, dijo el abogado, “estuvo a punto de quedar completamente fuera”. Para evitarlo, promovieron un incidente de reclasificación del delito.
El abogado señaló que el tribunal de apelación ya determinó que las lesiones deben considerarse graves, pero el Juzgado de Atotonilco el Grande se resiste a clasificarlas de esa manera.
Explicó que el juzgado considera que se trata de un delito no grave, que permite obtener la libertad bajo fianza. Agregó que es innegable que hubo una tentativa de homicidio, pues fue un disparo a quemarropa que le destrozó el hombro, el cual María ha tenido que reconstruir durante casi 20 años. “En 20 años, mi agresor ha pisado la cárcel seis días”, afirmó.
Los amparos y la espera de justicia
Actualmente existen dos amparos relacionados con el caso. Uno fue promovido por Alfonso H.G. contra la resolución del 30 de junio de 2025 de la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, correspondiente al toca penal 07/2025.
Esa resolución revocó la del 19 de noviembre de 2024, en la que el Juez Mixto de Atotonilco el Grande había decretado el sobreseimiento por prescripción de la causa penal 01/2008. El amparo fue admitido el 14 de abril de 2026. El acusado solicitó que el proceso penal no continuara. La jueza negó la suspensión para detener el proceso, al considerar que su continuación es de orden público, pero concedió la suspensión provisional para que, una vez cerrada la instrucción, el juzgado de origen detenga el procedimiento hasta que se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva.
La audiencia constitucional se celebró el 28 de mayo. Al 2 de junio, la sentencia estaba pendiente y el expediente había sido remitido a un juzgado auxiliar de Zacatecas para apoyar en su elaboración.
El otro es el amparo 808/2026, promovido por omisión de sentencia. Fue presentado el 28 de abril de 2026 contra la omisión del Juzgado Mixto de Atotonilco el Grande de dictar sentencia definitiva en la causa penal. María reclamó que esa omisión vulnera su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Su abogado había informado que en abril interpusieron un amparo por omisión o negación del acceso a la justicia. El 27 de octubre de 2026, la jueza Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Cuarto de Distrito, negó el amparo.
La jueza consideró que el Juzgado de Atotonilco el Grande todavía no puede dictar sentencia. Según el informe de la jueza responsable, aún no se ha cerrado la instrucción y existen pruebas pendientes de desahogo: la ratificación del dictamen pericial en química forense y la inspección judicial en el lugar de los hechos, ofrecida por la ofendida.
De acuerdo con el resolutivo, para dictar sentencia el expediente debe estar completo, con las pruebas desahogadas, la instrucción cerrada, la audiencia de vista celebrada y sin recursos pendientes. La resolución concluye que el juzgado “no se encuentra en aptitud legal de emitir sentencia”, por lo que no existe violación al artículo 17 constitucional.
