MARTHA SÁENZ
César Mora Velázquez, secretario de la Contraloría, acudió a comparecer ante la LXIV Legislatura, en lo que pareció una aclaración de sus reducidas funciones. Para empezar, explicó que los contralores municipales son dispuestos por los alcaldes, por tanto, existe una ventana no sólo para la opacidad sino para el maquillaje de cifras.
A pregunta expresa de Jajaira Aceves, refirió que en la Contraloría que dirige sólo tiene la capacidad de auditar 10 municipios por año por falta de recursos, pues no tienen dinero suficiente para combustible y viáticos. Tal vez antes de realizar su propuesta para programación de presupuesto podría acudir con Lamán Carranza y gestionar combustible de las donaciones de PEMEX, y de paso pedir a Jessica Blancas que de los impuestos recaudados por emplacamiento o ahorro en gastos de oficina le pase un presupuesto decente para sostener sus viáticos.
Sobre la politización en la elección de municipios a auditar no logró generar una respuesta clara o suficiente, pero sí solicitó recurso para publicidad.
Cabe resaltar que en el tema de municipios fue Huichapan el que recibió una mención honorífica por el trabajo del comité de contraloría social, aunque este municipio fue mencionado en la comparecencia sobre seguridad por el alto nivel delictivo que padece por estar situado en una zona estratégica para el robo de hidrocarburo.
El secretario también señaló los logros en materia de declaraciones patrimoniales aunque, al parecer, él no ha realizado dicho ejercicio de transparencia.
Dijo que encontró 200 obras con irregularidades pero que no poseía datos desglosados sobre dichos casos. Parece que tampoco logró recordarlos y que le tomaría unos días hacérselos llegar a Víctor Guerrero, el legislador que realizó el cuestionamiento.
Tatiana Ángeles Moreno cuestionó la falta de pago al comité de participación del Sistema Anticorrupción por 10 millones de pesos, a lo que Mora Velázquez sólo atinó a describir en qué recaería dicho presupuesto. Mientras que hizo evidente su desconocimiento sobre la propuesta de Miguel Ángel Peña Flores de reforma a la ley de obra pública para instituir la figura de testigo social, que dijo no se encuentra consolidada por falta de presupuesto.
A Rafael Garnica Alonso no le respondió porque no logró comprender el planteamiento; en la segunda intervención del legislador retomó que existe una deficiencia en el trabajo de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación, a lo que Mora Vélazquez también exhibió su desconocimiento. ¿Sabrá el contralor el nombre del titular del área en cuestión?
En el caso de Jorge Mayorga Olvera, que preguntó por qué los órganos de control no se encuentran constituidos en entes descentralizados que son quienes ejercen cerca del 60% del recurso público, Mora Velázquez dijo que por falta de presupuesto.
Noemí Zitle Rivas entró fuerte al tema diciendo a César Mora que no cumple a cabalidad con el objetivo de la contraloría, su uso excesivo de retórica, y que tal vez “el puesto es mucho”, así como cuestionar su imparcialidad después del cargo que ostentó en el CDE PRI Hidalgo, a lo que el titular respondió con una larga explicación de sus funciones y que el ejercicio de sus derechos políticos electorales son independientes.
El contralor evidenció su falta de experiencia, formación, dominio o trabajo, por lo que hasta el momento ha sido la peor comparecencia. Sin embargo, se debe rescatar que no contó con la presencia de Ricardo Baptista González, quien seguramente hubiera realizado un análisis más severo que Noemí Zitle. Se extrañaron las preguntas incisivas del exalcalde.
