Lorena Rivera y Pedro Guerrero, fundadores del Santuario Cuatro Patitas un Corazón, dieron a conocer en una rueda de prensa los detalles acerca de la agresión que recibieron por parte de la administración del alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello, durante una manifestación pacífica, el 8 de enero, en la cual demandaban seguridad y apoyo para encontrar a los 13 canes que les fueron robados con violencia del refugio, por lo que ahora demandan su destitución.
AGRESIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES REALMONTENSES
Más del 80% de los 20 manifestantes agredidos eran menores de edad y mujeres, afirmó Guerrero y detalló que los actos de violencia fueron por parte de los mismos policías que acudieron a levantar el reporte del saqueo al refugio, además de personal de la presidencia, entre quienes se encontraban el alcalde y su secretario particular; el síndico procurador; el titular de Protección Civil y el de Turismo, y varios comerciantes; todos ellos, dijo, llegaron en tres turibuses llenos, por lo que calculó que fueron cerca de 135 personas.
Guerrero narró que, a la orden de Sierra Tello, lo aislaron del grupo, lo golpearon y lo subieron a una camioneta pick up, con un trapo cubriéndole la vista y dificultándole la respiración; además, dijo, los policías lo amenazaron de muerte.
Al llegar a la presidencia, sin saber oficialmente de qué se les acusaba, a Guerrero y Rivera se les mantuvo dos horas esposados y fueron atacados con gas pimienta, golpeados y ofendidos verbalmente, y fue hasta cerca de las 18:00 horas cuando los llevaron a la Procuraduría General de Justicia, en Pachuca, recordó Pedro Guerrero, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los detenidos deben ser puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público; debido a lo anterior, los activistas iniciaron una denuncia por tortura.
Lorena Rivera explicó que, tras la situación, tienen miedo de regresar a Real del Monte, a pesar de luchar “por un entorno sano para todos; por un Real del Monte en el que haya empatía por todas las especies; porque se solucionen problemas de salud pública y social”, así como por dar una buena imagen de la zona que, opinó, no se merece el título de Pueblo Mágico.
El presidente municipal Alejandro Sierra Tello deja en evidencia su incapacidad para gobernar, pues nunca agotó el diálogo, e incluso daba el número del refugio para que los pobladores les delegaran los problemas relacionados con los perros; además, desconoce el derecho constitucional a la libre manifestación de ideas, afirmaron Rivera y Guerrero; por ello, buscan que rinda cuentas ante el Congreso del Estado, se le imponga un castigo ejemplar; sea expulsado del partido político en el que milita, el PRI, por haber transgredido también los principios de esta agrupación, y tanto él como su personal sean destituidos.
Los activistas externaron su esperanza de que estos hechos sean un precedente para salvaguardar los derechos de los animales y de las personas, y compartieron que buscan la creación de un reglamento de tenencia responsable de animales de compañía.
RECUPERACIÓN DE 10 PERROS
Rivera y Guerrero compartieron que, por sus propias investigaciones, se dirigieron al municipio de El Chico, y a la altura del Valle de los Enamorados pudieron divisar a uno de los canes; al internarse en la zona boscosa encontraron al resto.
En el lugar, explicó Pedro Guerrero, había cinta metálica y pedazos de lazo, iguales a los que habían hallado en el refugio y con los cuales, se presume, sujetaron a los perros para robarlos.
Uno más de los animales, informaron, presuntamente se encuentra resguardado, por lo que solamente faltarían dos de encontrar; en su perfil de redes sociales piden el apoyo de la población de la zona para recuperarlos, y describen a los canes como tímidos, talla mediana; el macho de pelo de alambre, la hembra regordeta y de patas cortas; ambos color negro.
Los activistas dieron a conocer que esperan la liberación de los videos de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) estatal, ya que podrían contener información de utilidad; incluso, no descartan que vehículos oficiales del municipio puedan estar implicados.
