La Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y autoridades judiciales, trabaja en la revisión de expedientes para lograr la excarcelación de entre 50 y 70 personas indígenas y afromexicanas recluidas en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Hidalgo.
El titular de la dependencia, Prisco Manuel Gutiérrez, informó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de identificación de los casos que podrían ser susceptibles de este beneficio, por lo que estimó que alrededor de cinco personas podrían recuperar su libertad antes de que concluya este año.
Revisan casos por salud, condena e irregularidades
El funcionario explicó que los expedientes se seleccionan con base en distintos criterios, entre ellos que las personas estén próximas a cumplir su sentencia, presenten enfermedades graves, tengan una reparación del daño o fianza de bajo monto, o existan presuntas irregularidades durante su proceso judicial.
Precisó que no todos los casos son viables, ya que algunos corresponden a delitos del fuero federal o común que no permiten acceder a un procedimiento de excarcelación.
El proceso de revisión, añadió, puede extenderse de tres meses hasta un año, dependiendo de las características de cada expediente y del delito por el que la persona fue sentenciada.
La mayoría ya cuenta con sentencia
Prisco Manuel Gutiérrez indicó que en los 12 Ceresos de Hidalgo hay personas indígenas privadas de la libertad, principalmente provenientes de las regiones Huasteca, Otomí-Tepehua y Pachuca.
Señaló que algunos de los casos corresponden a personas con enfermedades crónico-degenerativas recluidas en los centros penitenciarios de La Lima, en Jaltocán, y Tenango de Doria, quienes además ya cumplieron más del 50 por ciento de su condena.
Explicó que los delitos por los que fueron sentenciadas estas personas van desde robo hasta homicidio, y destacó que más del 95 por ciento ya cuenta con una sentencia.
Asimismo, comentó que, aunque existen alrededor de 235 intérpretes asignados a juzgados y ministerios públicos, se han identificado procesos judiciales en los que presuntamente no se garantizó de manera adecuada el debido proceso.
Finalmente, informó que alrededor del 90 por ciento de las personas indígenas privadas de la libertad en Hidalgo son hombres, principalmente pertenecientes a los pueblos náhuatl, pame y tének.
