Lo ocurrido este domingo en Pachuca dejó una de esas imágenes que resumen por sí solas una época: mientras sonaba el Himno Nacional, un grupo identificado como presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural de El Mexe irrumpía mediante empujones y forcejeos el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin duda, la demanda central de este grupo merece toda la seriedad del Estado, que es el esclarecimiento del homicidio de uno de sus compañeros, lo cual por supuesto merece respuestas, pero lo que no merece la misma comprensión es el método utilizado para exigirlas.
El Mexe tiene una larga historia de movilización política y resistencia. Durante décadas, esa confrontación encontró enfrente a gobiernos priistas y panistas y se construyó desde una tradición eminentemente de izquierda. Pero en 2018 el mapa cambió y fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que impulsó su reapertura y figuras históricamente vinculadas con la normal y su movimiento terminaron ocupando espacios políticos dentro de Morena y en gobiernos municipales.
El adversario ideológico de otros tiempos ya no gobierna y aún así las formas de protesta siguen siendo las mismas.
Por eso resulta válido analizar qué tanto de estas acciones responde exclusivamente a reivindicaciones estudiantiles y cuánto comienza a mezclarse con la política. No hay elementos para afirmar que el portazo haya tenido una motivación electoral, y sería irresponsable hacerlo, pero quienes conducen estos movimientos también deberían entender que irrumpir con violencia en un evento presidencial, puede terminar trasladando la conversación desde una causa legítima hacia el espectáculo político y qué decir del haber puesto en riesgo la integridad de muchas personas.
Paradójicamente, mientras más estridente es la protesta, más fácil puede resultar que el fondo desaparezca detrás de los golpes.
Las autoridades anunciaron que darán seguimiento tanto a las peticiones de la comunidad como al esclarecimiento del homicidio. Es decir, habrá interlocución pero también convendría evitar que se instale la peligrosa lógica de que sólo quien empuja fuerte la valla consigue una mesa de diálogo.
Protestar y cuestionar al poder son derechos democráticos, pero irrumpir por la fuerza en un acto de la jefa del Estado mexicano es otra cosa y es que el hecho de que la demanda sea justa, no convierte automáticamente cualquier mecanismo en aceptable.
El reto para quienes hoy dirigen o influyen en El Mexe debe ser demostrar que su tradición combativa, por mucho tiempo romantizada, puede ser capaz de anteponer la seguridad de sus estudiantes y de la propia sociedad o si vale más el riesgo y la coyuntura para ser visibilizados.
