Al expresar que el reconocimiento y protección de derechos de animales de consumo y abasto humano es nuevo, 10 diputados presentaron una iniciativa de reforma a la ley en la materia y código penal estatal para mejorar las prácticas de resguardo y sacrificio para alimento.
En tribuna durante la sesión ordinaria 32, la representante de los asambleístas promoventes Elvia Janet Sierra Vite explicó que en México hay preceptos para rastros como sanciones, multas y hasta prisión contra la crueldad o zoofilia.
En Hidalgo si bien citó hay avances con la ley de protección y trato digno a los animales de 2005 contra diversos actos, solo se aboca a los ejemplares de mascota y salvajes, por lo que excluyen a los animales de consumo y abasto humano, lo que deja un hueco.
En ese sentido, asentó que México presenta rezago al no tener ni siquiera los procedimientos mínimos para la crianza y hay otros que dañan como los cortes de pico, cola, dientes y otras partes, así como marcaje, castración; pero fue más allá y citó una investigación en rastros.
En Hidalgo fue detectado que no se cumplen los criterios o son realizados diversos actos, principalmente en las aves, ya que el 96 por ciento de población animal de consumo y abasto del estado es de ese tipo y carece de buenos espacios.
En ese sentido, la asambleísta expresó que la iniciativa que leyó se nutrió de proyectos del Senado y las Cámaras de Zacatecas y Jalisco que establecen modificaciones administrativas en espacios de resguardo animal, capacitación y demás trabajos.
Para ello, además de la posibilidad de acceder a estímulos, los rastros y sitios de crianza tendrán 180 días para acatar tras entrado en vigor el ajuste; mientras que los ayuntamientos que administren tales complejos dispondrán de un año para hacer lo propio y adecuarlos pertinentemente
El proyecto formulado por Nueva Alianza Hidalgo (NAH), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) fue turnado a la comisión de seguridad ciudadana y justicia para ser analizada y dictaminado.
Las penas a aplicar
Entre las penas propuestas, los administradores u operarios de espacios para matanza sin autorización, licencia o permiso de las autoridades recibirán de dos a cuatro años de prisión, 5 mil unidades de medida y actualización (UMA’s) como multa y clausura definitiva.
También, los asambleístas añadieron cárcel de uno a cuatro años y hasta mil UMA’s a quienes no utilicen los métodos establecidos en las normas y leyes para inducir a la brevedad un estado de inconsciencia a un ejemplar de consumo y se prolongue la agonía o muerte.
