Las barreras lingüísticas, culturales, económicas y de género pueden limitar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres indígenas que enfrentan un proceso penal, por lo que contar con intérpretes y una defensa pública que comprenda su contexto resulta fundamental para garantizar sus derechos.
Este planteamiento fue abordado durante la presentación del capítulo “Justicia intercultural: intérpretes y defensa pública como llaves del acceso a la justicia penal para mujeres indígenas”, realizada con participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El texto corresponde al capítulo 5 de la colección “Nueva Perspectiva de la Justicia en México” y forma parte de la publicación El derecho a una defensa pública y gratuita en la Nueva Suprema Corte.
Durante su intervención, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, señaló que la discusión sobre el acceso a la justicia debe tomar en cuenta las distintas condiciones que pueden incidir directamente en un proceso penal.
“Este eje coloca en el centro de la discusión la necesidad de que el acceso a la justicia de las mujeres indígenas contemple las barreras lingüísticas, culturales, económicas y de género”, expresó.
No basta con traducir palabras
El coordinador de la obra, Benjamín Rubio Chávez, destacó la importancia de contar con intérpretes y defensores públicos capaces de comprender no solamente la lengua de las personas indígenas, sino también su contexto cultural y los sistemas normativos de sus pueblos y comunidades.
En el mismo sentido, Abel Pérez González, defensor público federal y autor del capítulo 5, explicó que la justicia intercultural representa un reto para las instituciones.
Sostuvo que una comunicación efectiva dentro de un procedimiento judicial no consiste únicamente en traducir palabras, sino en generar las condiciones para que las personas comprendan lo que ocurre, participen en el proceso y puedan ejercer plenamente sus derechos.
Perspectiva intercultural y de género
Entre las reflexiones abordadas se plantea que no puede existir un acceso efectivo a la justicia cuando una persona no comprende el proceso en el que está involucrada o no logra transmitir su realidad a quienes tienen la responsabilidad de juzgarla.
En el caso de las mujeres indígenas, estas dificultades pueden profundizarse ante la convergencia de diferentes formas de discriminación, por lo que se plantea incorporar una perspectiva intercultural y de género en la defensa.
En la presentación también participaron Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo; Prisco Manuel Gutiérrez, comisionado estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas; Esteban Espinosa Ramírez, representante de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Stella Aladro Echeverría; y la abogada consultora Keren Elizabeth Reyes Castro.
La colección reúne distintas reflexiones sobre el papel que desempeña la defensa pública en la protección y garantía de los derechos humanos.
