Previo al cierre de la sesión del Congreso local de este miércoles, la directiva correspondiente al mes de mayo dio lectura a un comunicado mediante el cual la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales solicitó la suspensión del cómputo del plazo relativo a la excitativa de dictaminación de la iniciativa 186, relacionada con la prohibición de las corridas de toros.
De acuerdo con las fechas establecidas, la excitativa concluía el 28 de mayo, luego de que fuera promovida por el autor de la propuesta, el diputado Avelino Tovar Iglesias. Sin embargo, la suspensión fue solicitada por la presidenta de dicha comisión, la diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas, hasta en tanto resulte procedente reanudar el cómputo, debido a que el pleno aprobó la realización de una consulta ciudadana que actualmente se encuentra en análisis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH).
Durante la lectura del comunicado se informó que la presidencia del Congreso recibió un oficio firmado por Ordaz Islas, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual pidió conceder la suspensión del plazo relativo a la excitativa de dictaminación de la iniciativa 186 otorgada por la directiva.
Posteriormente, la legisladora explicó que la suspensión de plazos permanecerá vigente hasta que pueda desarrollarse el proceso de consulta ciudadana y aseguró que esta medida se encuentra sustentada en la Ley Orgánica, así como en los argumentos emitidos por la comisión.
Indicó que el Congreso no puede resolver una iniciativa sin antes escuchar a la ciudadanía, debido a que existen dos propuestas relacionadas con el tema, por lo que consideró necesario conocer previamente la opinión de la población respecto al enfoque que debe darse a este asunto.
En ese sentido, señaló que la suspensión busca evitar vulnerar tanto los derechos del diputado promovente como los de la ciudadanía. Precisó que ambas iniciativas, incluida la presentada por el diputado Marco Mendoza, quedarán “en stand by” mientras se esperan los resultados de la consulta ciudadana y posteriormente se entrará al análisis de fondo con los argumentos existentes para ambas propuestas.
Respecto al proceso de consulta, explicó que la Comisión de Gobernación únicamente realizó el estudio y aceptó la viabilidad de la consulta ciudadana en cuanto a la legalidad y trascendencia del tema. Añadió que la Ley de Consulta Ciudadana establece que el Congreso debe remitir el asunto al TSJH para que determine la constitucionalidad del procedimiento.
Detalló que, en caso de que el tribunal determine que la consulta es constitucional, el siguiente paso corresponderá al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), instancia encargada de organizar el proceso y revisar el tema presupuestal.
La diputada indicó que, debido a que la eventual consulta se realizaría en 2027, todavía existe tiempo para contemplar recursos dentro del presupuesto correspondiente.
Asimismo, explicó que al tribunal se remitió el dictamen de estudio de viabilidad aprobado previamente por el pleno, el cual contempla el derecho de la ciudadanía a ser escuchada respecto de un tema considerado trascendental para Hidalgo.
Recordó que la Ley de Consulta Ciudadana establece diversos rubros sobre los cuales puede desarrollarse una consulta, entre ellos asuntos de trascendencia e importancia para el estado, motivo por el que se consideró viable este procedimiento.
Ordaz Islas señaló que el oficio fue enviado de manera inmediata al tribunal debido a que la ley establece plazos específicos y procedimientos claros sobre cómo debe desarrollarse el proceso.
También aclaró que hasta el momento el Congreso no ha sido notificado sobre algún recurso promovido por grupos animalistas, aunque reconoció que están en su derecho de interponer las impugnaciones que consideren necesarias. Precisó que el tribunal deberá resolver sobre la constitucionalidad del dictamen y que cualquier otro recurso tendría que analizarse por separado.
Sobre los tiempos, explicó que la Ley de Consulta Ciudadana establece un plazo de 20 días para que el Tribunal Superior de Justicia emita una resolución respecto a la constitucionalidad de la consulta, por lo que estimó que entre mediados y finales de junio podría existir una respuesta.
