La consulta indígena que debe realizar el Congreso de Hidalgo tendría un costo aproximado de 10 millones de pesos, informó el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, quien señaló que se mantienen conversaciones con la Secretaría de Hacienda para determinar si los recursos pueden obtenerse este año o deberán contemplarse para 2027.
En entrevista, el legislador explicó que, debido a la cercanía del cierre del ejercicio fiscal, se analiza la disponibilidad presupuestal para cumplir con esta obligación, derivada de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Estamos platicando con Hacienda para ver la posibilidad de que lo saquemos este año o, si no, pues lo tendríamos que dejar para el año que viene”, expresó.
Velázquez Vázquez consideró que se trata de una cantidad considerable, por lo que llamó a evitar decisiones apresuradas que puedan afectar el desarrollo del procedimiento.
“Más vale hacerlas con calma”, señaló, al precisar que también deberán atenderse los plazos que establezca la Suprema Corte.
El coordinador explicó que los recursos se destinarían principalmente a traslados, viajes y viáticos de investigadores y personal que deberá desplazarse a distintas regiones de Hidalgo para desarrollar los trabajos de consulta.
Recordó que durante la legislatura anterior se ejercieron más de 12 millones de pesos en un proceso relacionado con esta obligación, sin que se lograra concluir satisfactoriamente.
Buscarán consultar únicamente puntos pendientes
Andrés Velázquez adelantó que el Congreso buscará sostener una reunión con la SCJN para analizar la posibilidad de no repetir la consulta indígena en su totalidad, sino únicamente en aquellos puntos que quedaron pendientes o presentaron inconsistencias.
Explicó que existen antecedentes de ejercicios anteriores que representaron un gasto importante, por lo que se pretende aprovechar los trabajos realizados, siempre que las condiciones jurídicas lo permitan.
Respecto a los plazos, indicó que se contempla como referencia mediados de febrero de 2027, aunque el calendario dependerá de las determinaciones de la autoridad judicial y de la disponibilidad de recursos.
Asimismo, estimó que la Secretaría de Hacienda podría ofrecer una respuesta sobre el financiamiento durante la segunda quincena de noviembre.
Consulta será responsabilidad de todo el Congreso
Al ser cuestionado sobre si la organización corresponderá a la comisión legislativa encargada de los asuntos indígenas o a la Junta de Gobierno, Velázquez Vázquez sostuvo que se trata de una responsabilidad compartida por toda la legislatura.
Señaló que los presidentes de las comisiones deben participar directamente en los trabajos, pero aclaró que el cumplimiento de la consulta no puede recaer exclusivamente en un diputado o en una sola área del Congreso.
“Es la legislatura en su totalidad”, afirmó.
También informó que se analiza la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como del titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez.
Consulta deriva de resoluciones de la Suprema Corte
La obligación de realizar una consulta adecuada a los pueblos y comunidades indígenas tiene como antecedente las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con reformas aprobadas en Hidalgo.
Entre ellas se encuentra la acción 117/2019 y sus acumuladas, mediante las cuales la Suprema Corte invalidó disposiciones del Decreto 204, que reformaba el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como otras normas relacionadas con derechos indígenas y materia electoral.
La determinación judicial se sustentó en deficiencias en el proceso de consulta a las comunidades indígenas, al considerar que no se garantizaron las condiciones necesarias para su participación efectiva.
