Absurdo y contradictorio: ¿qué es primero: el huevo o la gallina? Parece ser ése el razonamiento de la clase política que gobierna el país y el propio Poder Ejecutivo, pues la Procuraduría General de la República (PGR) acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el cual modifica el diverso A/011/014, del 12 de marzo de 2014, mediante el cual se crea la Fiscalía Anticorrupción y establece las atribuciones que tendrán.
La pregunta que uno se plantea es: ¿no debería de haberse comenzado por definir lo que será la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR, antes de la Fiscalía Anticorrupción que quedará subordinada a la primera? Evidentemente, tampoco se trata de buscar ahora quién dirigirá una u otra antes de que los legisladores definan su estructura y funcionamiento; eso debe corresponder a un segundo momento, para que se defina correctamente el perfil de los fiscales y se organice el concurso público de oposición para seleccionar al mejor candidato para cada caso.
Todo parece indicar que los casos de corrupción que golpean a las instituciones del Estado y han trascendido más allá de las fronteras nacionales, están provocando que los legisladores reaccionen de manera reactiva y no busquen el perfeccionamiento de las instituciones púbicas, sino una respuesta mediática que neutralice el desprestigio internacional de nuestro país.
La lista interminable de corruptos funcionarios públicos de todos niveles y de exgobernadores de Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Estado de México, Aguascalientes, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Distrito Federal, entre otros, parecen pesar a los legisladores y a sus partidos, quienes tratan de allanar el camino rumbo a las elecciones de 2018 y limpiar su imagen frente a la opinión pública nacional.
En medio de estos inusitados anuncios, recordé que la Dra. Diana Cristal González Obregón, abogada penalista y analista en el CNPP, fue quien trabajó por más de cuatro años en el tema de transformación de PGR a Fiscalía General, para adecuar su funcionamiento al del nuevo sistema penal acusatorio, trayendo a mi mente los extractos de una conversación donde ella defendía la importancia de que la Fiscalía General de la República debía de ser autónoma, técnica y presupuestalmente; pero no debía crearse la Fiscalía Anticorrupción antes de crearse la Fiscalía General, por un orden de contenido y formas.
Pues se supone que la autonomía de la Fiscalía General debía dar paso a agilizar la coordinación de las autoridades para dar transparencia, rapidez y certeza en las investigaciones que se persiguen de cualquier tipo, incluso de corrupción. De aquí que los cambios en las instituciones encargadas de la impartición de justicia, debieran tener un orden y propiciar que la trasformación de la Procuraduría a Fiscalía General fuera completamente integral y no sólo de forma, arrastrando tras de sí todo los viejos vicios que amenazan hoy la soberanía del Estado frente a la corrupción y la criminalidad.
González Obregón defendía la idea de que para garantizar una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República, se requería, primeramente, analizar y crear una estructura adecuada de la Fiscalía General y sólo después, analizar y definir la estructura de una Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General; para ello era importante priorizar la creación de ésta y entonces sí pasar a la creación de la fiscalía anticorrupción, a fin de delimitar adecuadamente sus niveles de coordinación.
Pero no sólo se trata de establecer las prioridades en la creación de las dos fiscalías, sino de definir una hoja de ruta adecuada para ello, antes que pasar a la definición del perfil del o de la Fiscal General de la República; de definir las bases que forzosamente deben dar paso al concurso de oposición abierto de oposición para seleccionar entre los mejores hombres y mujeres de México, a quien debe inaugurar una nueva etapa de la justicia en el país.
Sin duda, es urgente la creación de la Fiscalía Anticorrupción, pero es más indispensable y urgente la transformación de la PGR en Fiscalía, para que este paso posibilite el adecuado funcionamiento y retroalimentación del Sistema Nacional de Transparencia y Fiscalización.
Los senadores, los diputados, los partidos políticos y el gobierno actual tienen en sus manos poner en marcha los cambios profundos en el sistema de impartición de justicia en el país; postergar más el inicio de este proceso sólo puede contribuir a profundizar el desprestigio internacional de México en el mundo y a distancia aún más a los ciudadanos del gobierno y de los partidos políticos, al no ver en ellos reflejadas sus aspiraciones.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
