Pese a que habían obtenido su libertad luego de que una jueza de control dictaminara un sustento inadecuado en las acusaciones, ayer nueve custodios del centro de reinserción social (Cereso) de Tula de Allende fueron vinculados a proceso.
Lo anterior bajo el delito de evasión de presos agravada, ya que se expuso que el primero de diciembre, cuando un grupo armado irrumpió en el complejo, favorecieron la fuga de nueve internos privados de su libertad.
Tras los hechos, el Ministerio Público (MP) investigó hasta determinar la probable participación de los ahora imputados y por quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó orden de aprehensión.
Dicho documento fue concedido y ejecutado por agentes de la división de investigación el 17 de diciembre contra HCR, ARG, ESA, SGM, LECI, ACH, JMLL, JCTR y FJAO y presentados ante el juez de control en audiencia inicial.
Sin embargo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas y fue hasta ayer en la continuación de la audiencia cuando las nueve personas fueron vinculadas a proceso por la autoridad judicial.
Asimismo, les fue establecido un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria junto a la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, citó un comunicado de prensa.
La audiencia previa
En la noche del viernes y madrugada del sábado de la semana pasada, los nueve custodios sostuvieron una larga audiencia de presentación que derivó en que fueran puestos en libertad, ya que los abogados lograron que la jueza concordara sobre lo erróneo de las acusaciones.
En entrevista para Effetá el sábado, un jurista de uno de los ahora custodios vinculados a proceso, explicó que, si bien habían quedado en libertad, ayer eran las audiencias para determinar o no la vinculación a proceso.
En ello, explicó dos escenarios que podrían darse y sus alcances, siendo el primero una respuesta favorable, aunque aún sujetos a investigaciones posteriores; o bien, ser vinculados y esperar su juicio.
Las penas que podrían alcanzar irían de los cinco a 10 años de prisión de forma genérica, pero como los tenían la calidad de servidores públicos y la evasión fue propiciada por dos o más personas esta subiría en una mitad: de 7.6 a 15 años.
