Un año y cinco meses después del feminicidio de Rosaura, ocurrido el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al expolicía municipal, Marco Antonio M. G.
El órgano jurisdiccional determinó su responsabilidad penal por el delito de feminicidio en agravio de Rosaura, de 26 años, así como por el homicidio doloso calificado de Rosa, madre de la joven, y de su hermano Ramiro.
Además, fue declarado culpable por el delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa en perjuicio de Roberto, padre de Rosaura, y de otro de sus hermanos, también llamado Roberto.
La pena que deberá cumplir será determinada durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, programada para el 9 de julio en los Juzgados Penales de Control, Oralidad y Ejecución de Pachuca.
Marco Antonio M. G. había sido pareja sentimental de Rosaura, quien previamente lo denunció por violencia familiar. Por ese delito permaneció menos de un mes en prisión, del 21 de octubre al 15 de noviembre de 2024, cuando la jueza Janeth Montiel Mendoza determinó suspender el proceso penal en su contra.
Como parte de esa resolución se le impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima; sin embargo, dichas medidas fueron incumplidas.
El 26 de enero de 2025, el ahora declarado culpable privó de la libertad a Rosaura. La joven presentó una nueva denuncia por violencia familiar, pero la audiencia inicial fue diferida a petición de la defensa. Durante ese periodo, Rosaura fue asesinada.
El caso generó la movilización de amigas y colectivos feministas, quienes denunciaron presuntas omisiones institucionales en la protección de la víctima y señalaron que las medidas cautelares y el seguimiento a las denuncias fueron insuficientes para evitar el feminicidio.
