La cumbre del Grupo de los 20 (G20), coordinada por Arabia Saudita, fue un éxito y marcó un precedente histórico, no solo porque participó en ella el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fijó su posición sobre los temas que preocupan al planeta, sino porque los jefes de Estado y de Gobierno prometieron no escatimar esfuerzos para garantizar una distribución justa de las vacunas contra el covid-19, además de que destinarán los recursos necesarios para respaldar la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de diagnósticos y tratamientos para la enfermedad.
De esta manera, los líderes del G20 han reconocido la inmunización como un bien público mundial, algo trascendente en la historia del mundo. Por unanimidad, manifestaron su apoyo a todos los esfuerzos de colaboración, en particular el ACT-Accelerator, un dispositivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar que los países ricos no monopolicen tratamientos, pruebas o vacunas y las compartan con todos los países.
El sábado, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que faltaban 28 mil millones de dólares, de los cuales se necesitan 4.2 mil millones antes de fin de año para financiar este proyecto. Pero al margen de todo, los líderes del G20 han prometido cubrir las necesidades de financiamiento que aún existen, mostrando la voluntad política en medio de las campañas de vacunación a gran escala que ya están promoviendo. Por ejemplo, Estados Unidos planea iniciar una campaña de vacunación masiva a principios de diciembre, con la esperanza de lograr la inmunidad colectiva en mayo; mientras que Europa, por su parte, está organizando su campaña y los medios para ella.
LA DEUDA PUEDE ESPERAR
Nadie está a salvo del covid y, conscientes del impacto sanitario y económico de la pandemia en los países más pobres, los miembros del G20 han decidido a apoyar a todos los países en desarrollo y los menos adelantados para lograr la inmunización global, para lo cual aprobaron la prórroga hasta junio de 2021 de la moratoria de los servicios de la deuda de los países más pobres.
Al 13 de noviembre, 46 países se habían beneficiado de esta iniciativa del G20, por una suma equivalente a 5.7 mil millones de dólares. En la próxima reunión de primavera, los ministros de Finanzas deberán resolver una segunda prórroga de seis meses; conscientes de que esta iniciativa no será suficiente, los líderes del G20 también respaldaron el marco establecido por sus ministros de Hacienda, una semana antes de la Cumbre y sobre la cual hablamos en esta columna, que regula la reestructuración o cancelación de las deudas de estos países.
HASTA LA VISTA, TRUMP
No podemos dejar de mencionar que el G20 y el planeta se liberan de una enorme carga, de alguien que pretendió llevar al mundo hacia el pasado, al restablecimiento de las barreras arancelarias y al aislamiento de los países, de alguien que pretendió acabar con el multilateralismo, con la ONU y con los acuerdos bilaterales: Donald Trump.
Se suponía que ésta sería la última intervención frente a sus homólogos del G20 del aún presidente de Estados Unidos, quien se convirtió en un enorme obstáculo para superar la crisis económica mundial iniciada en 2008, expresada en un menor crecimiento y reducción del comercio. En su intervención, después de resaltar los beneficios de su mandato, el presidente estadounidense se fugó para ir a jugar golf y, como siempre, le dio la espalda al mundo, aunque el domingo volvió para defender su decisión de retirar a su país de los Acuerdos de París, calificándolos de injustos y parciales frente a su sucesor, Joe Biden, que prometió volver a los acuerdos.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
