La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó que del 29 de julio de 2022 al 9 de junio de 2026 ha iniciado 169 quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
El organismo detalló que una de las investigaciones más recientes corresponde a la queja de oficio CNDH VG-0836-26, derivada de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio durante una manifestación relacionada con personal del ISSSTE, donde presuntamente trabajadores fueron golpeados por agentes de la corporación estatal.
La presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, explicó que recientemente se han revisado protocolos relacionados con la actuación policial y reiteró la disposición del ente para participar en capacitaciones y acciones encaminadas a fortalecer los procesos institucionales.
Consideró que sería importante establecer una mesa de trabajo con la SSPH para reforzar los criterios de actuación de los elementos de seguridad que intervienen en este tipo de situaciones y brindar mayores herramientas que permitan prevenir actos de violencia.
No obstante, señaló que también existen mecanismos internos que deben agotarse para determinar posibles sanciones cuando así corresponda.
Respecto a los señalamientos de manifestantes sobre una presunta falta de acercamiento por parte de la institución a su cargo, aseguró que personal de la CDHEH acudió al lugar de los hechos, notificó los números de los cuadernos y de la queja de oficio, además de brindar orientación a quienes desearan emprender alguna acción particular.
Explicó que inicialmente se abrió el cuaderno de antecedentes CA-VG-0408-26, debido a que se trataba de una manifestación pública, y posteriormente el asunto escaló a una queja formal.
La ombudsperson agregó que la Comisión acompañará todos los procesos en los que se advierta una posible violación a los derechos humanos.
Parra Bonilla señaló que para la CDHEH constituye un foco rojo el uso de la violencia como mecanismo de intimidación durante manifestaciones, al recordar que tanto la libertad de expresión como el derecho a la protesta deben ser garantizados.
Asimismo, sostuvo que es necesario delimitar el alcance de las manifestaciones y de la función policial, ya que ambas partes desempeñan roles específicos dentro de una sociedad democrática.
Indicó que ni los inconformes ni los policías deben ser criminalizados y reiteró la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación mediante mesas de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir posibles violaciones a derechos humanos.
Finalmente, al ser cuestionada sobre si ha observado un comportamiento adecuado por parte de los elementos de seguridad pública, respondió que no puede emitir juicios de valor, pues la responsabilidad del organismo es investigar los hechos y defender las garantías individuales.
