Integrantes de Tauromaquia Mexicana Hidalgo confirmaron que procederán jurídicamente contra la titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad, Erika Ortigoza Vázquez, al considerar que emitió una opinión técnica irresponsable sobre la fiesta brava. Asimismo, denunciaron que activistas en defensa de los animales sostienen posturas selectivas, incongruentes y sin fundamento jurídico.
Luis Gallardo, abogado y torero, explicó que el objetivo de la conferencia de prensa fue desmentir los argumentos de grupos antitaurinos desde el ámbito legal, científico y técnico, pues consideró que sus posicionamientos tienen una narrativa meramente política.
Afirmó que resulta lamentable que una funcionaria pública estatal emita declaraciones sin sustento técnico, como señalar que el toro de lidia fragmenta ecosistemas o que esta especie no promueve la biodiversidad.
“Y quiero que nos diga, porque vamos a ir contra ella, ¿cuál fue el estudio de campo que realizó, en qué ganadería lo hizo?, porque una cosa es ser activista y una cosa es ser pro antitaurinos, y otra cosa es la responsabilidad que tiene como funcionaria pública, entonces, en breve realizaremos todos estos procedimientos jurídicos en contra de la funcionaria”.
Indicó que los recursos legales serán presentados ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal y la Secretaría de Contraloría de Hidalgo.
Tauromaquia acusa omisión del Congreso local
Gallardo también señaló que el Congreso local no ha atendido la solicitud formalizada para realizar una consulta con base en el artículo 2 Constitucional, apartado A, fracción 13, lo que —dijo— vulnera el derecho de petición.
Expuso que el Poder Legislativo tendría que consultar al menos a 65 comunidades indígenas de Hidalgo, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de manera libre, informada, previa y culturalmente adecuada.
Además, acusó que algunos grupos animalistas mantienen posturas absolutistas y selectivas, pues bajo esa misma lógica también tendrían que manifestarse contra otros eventos públicos relacionados con animales, como la “Truchiza 2026”.
“O incluso tendrían que clasificarse entonces como maltrato animal el combate de plagas de insectos o especies nocivas”, expresó.
Defienden impacto económico y cultural de la fiesta brava
Por su parte, Sonia Cristina López Valderrama, presidenta de la agrupación, exhortó a diputados e integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a considerar toda la información técnica y el impacto económico, turístico y cultural que tendría una eventual prohibición de las corridas de toros en Hidalgo.
Indicó que en México se realizan más de 4 mil 500 festejos relacionados con los toros y que el 60 por ciento de ellos ocurre en poblaciones con menos de 25 mil habitantes. Añadió que en Hidalgo el 67 por ciento de los municipios participa en este tipo de actividades.
En tanto, Aldo Rodríguez, jurídico de la agrupación, reiteró que la tauromaquia no está prohibida por el artículo 4 de la Constitución federal, ya que únicamente se refiere al maltrato animal y reconoce a los animales como seres sintientes.
Asimismo, recordó que el artículo 65 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo prohíbe las peleas de animales, excepto corridas de toros, novilladas, charreadas, peleas de gallos y actividades similares, siempre y cuando cuenten con los permisos correspondientes.
El abogado también dio a conocer que las organizaciones Animal Heroes y Biofutura promovieron al menos cuatro amparos para suspender eventos taurinos en Pachuca y Huichapan; sin embargo, aseguró que los jueces federales determinaron el sobreseimiento de dichos recursos.
Finalmente, el médico zootecnista, Bernardo Espino Samperio, habló sobre las características genéticas del toro de lidia, mientras que Ricardo Lozano Cortés, integrante del comité taurino de Caxuxi, destacó la importancia de la fiesta brava por la derrama económica y difusión cultural que genera.
