Mediante una propuesta de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) al Congreso de Hidalgo, se buscan penas de hasta ocho años de prisión y 18 de inhabilitación del servicio público a aquellos funcionarios que, por su posición, accedan a atención clínica, tratamiento, vacunas o insumos médicos durante una emergencia sanitaria.
En sesión legislativa fue precisado que la iniciativa plantea reformar el Código Penal Estatal y sancionar a quienes cometan el delito de abuso de autoridad en beneficio propio o de cualquier otro.
En ese sentido, la representante María Teodora Islas Espinoza expresó que la finalidad es evitar que los servidores públicos saquen ventaja de su puesto o poder durante una crisis como la que se vive con el covid-19.
Por lo que el PAN propuso penas de uno a cuatro años de cárcel y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para fungir en cargos públicos.
Además, lo anterior se duplicará si el hecho es cometido durante una emergencia clínica; por lo que quedarían de la siguiente forma: prisión de hasta ocho años e inhabilitación hasta de 18.
La iniciativa fue turnada por la presidenta de la diputación permanente María Luisa Pérez Perusquía a la comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.
Tras lo anterior, Espinoza Islas mencionó que los estados que contemplan una pena a quienes saquen ventaja o se aprovechen de las atribuciones o facultades de su cargo que fue conferido son: Chiapas, Campeche, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
