Hidalgo cuenta con nueva ley de desaparición forzada

La nueva ley cuenta, entre otras cosas, con la creación de un sistema de búsqueda estatal, registro de no localizados, compendio de fosas y banco de datos forenses.

De forma casi unánime, el Congreso local avaló la creación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Hidalgo mandatada por el ordenamiento homólogo federal promulgado hace unos años y producto de una iniciativa del gobernador Omar Fayad y del asambleísta Asael Hernández.

La nueva legislación se conforma por 123 artículos y seis capítulos que precisan una coordinación y distribución de competencias estado-municipios, esclarecimiento de hechos así como prevención, investigación, sanción y erradicación del delito; la creación de un sistema de búsqueda estatal, registro de no localizados, compendio de fosas y banco de datos forenses.

También, será regulado el funcionamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) a la par que sea garantizada la protección integral de los derechos de las víctimas hasta que se conozca su muerte o paradero, así como atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral del daño y garantías de no repetición.

Por último, la ley tendrá que avalar la participación de familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de acciones de búsqueda e identificación; así como conformar indicadores de evaluación confiables y transparentes sobre la eficacia y eficiencia en hallazgo de desaparecidos.

 

Diputados se solidarizan con familiares de víctimas

Previo a votar el ordenamiento: con 28 a favor, cero en contra y ninguna abstención, los diputados Víctor Osmind Guerrero Trejo, María Luisa Pérez Perusquía y Asael Hernández Cerón pidieron la voz en la tribuna desde donde se dijeron en solidaridad con familiares de víctimas y les aseguraron que para el trabajo final además de su participación hubo el de asociaciones, organizaciones, dependencias y otros entes en la materia.

En igual apoyo se mostró la priista, quien añadió que si bien se ha dado respuesta a demandas sociales, contrastó que aún falta camino por recorrer como hacer modificaciones futuras a la ley que respondan a la actualidad: “Cuando se cierren todos los ciclos y no haya más casos entonces habrá una inoperancia (de la ley) y se tendrá por cumplido el trabajo”.

Mientras que uno de los promoventes: Hernández Cerón felicitó a quienes se involucraron en la construcción y dijo que era una estrategia que obliga a buscar soluciones, pues aunque contrastó que si bien el estado mantiene cifras menores, ello no absuelve de hacer ordenamientos legislativos en los que, agregó, se dé también un acceso a la verdad.

 

También avalan sustituir ley de víctimas

En la misma sesión del pleno, la 206, y con igual cantidad de sufragios en pro, fue avalado derogar la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo, de la cual se dijo ya era obsoleta para los tiempos que corren y por más reformas que se le practicaran no podría seguir cumpliendo su objetivo.

Por lo que para subsanar lo anterior, fue propuesto un nuevo estatuto: Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo el cual presentó la comisión de Seguridad ciudadana y justicia e indica -mediante 174 artículos y nueve capítulos- el reconocimiento de los derechos de víctimas de delito y violaciones a garantías humanas, en especial la de la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todas las demás de la Constitución federal y tratados suscritos.

Además, crea una comisión que se encargará de dictaminar las ayudas que puedan darse mediante la asignación anual de fondos en el presupuesto de egresos, mismos que igualmente servirán para crear un registro de víctimas y asesoría a quienes lo requieran. Así como de establecer las competencias de las autoridades y coordinación interinstitucional.

También, serán implementados mecanismos para que en el ámbito de las respectivas competencias se cumplan las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral del daño y también definir los deberes y obligaciones a entes estatales y municipales e instituciones públicas o privadas.

Tras emitir el sentido del voto de cada legislador que indicaron una aprobación casi unánime, pues faltaron dos asambleístas, fue ordenado a la secretaría de la Cámara elabore el decreto correspondiente para que lo emita al Legislativo quien habrá de ratificarlo y publicarlo en el periódico estatal para su entrada en vigor.


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