El estado de Hidalgo deberá reparar el daño a una víctima de violación, a quien en 2015, un ministerio público (MP) y un juez le negaron la interrupción legal del embarazo, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros ordenaron que a la menor y a su madre se les reconozca la calidad de víctimas, para que se les apliquen las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición de oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva.
En 2015, cuando era una adolescente en condiciones precarias, la víctima originaria de Pachuca fue violada por su vecino y amenazada por el mismo agresor para que no dijera nada.
La agente del MP que conoció del caso le negó de manera reiterada la posibilidad de interrumpir el embarazo producto del delito del que fue víctima, pues la menor presentó su denuncia después de haberse enterado del embarazo.
Posteriormente, el juez Segundo de Distrito de Hidalgo le negó la protección federal, por lo que la víctima y su madre interpusieron un recurso de revisión, que el Tribunal Colegiado pidió a la SCJN atrajera el caso y fue resuelto por el máximo tribunal.
Asimismo, se vinculó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que solicite, obtenga o coordine las acciones necesarias que permitan la aportación de los elementos indispensables y eficaces para concretar las medidas de reparación integral del daño.
De igual forma se declaró la inconstitucionalidad del artículo 158, fracción II del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que limitaba la interrupción del embarazo producto de una violación, al plazo de 90 días después de la concepción y lo condiciona a la existencia de una denuncia previa del delito.
Esa disposición, que era parte de las causales para interrumpir el embarazo por violación, quedó derogada en 2021 tras la reforma al Código Penal del estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
