Irma Eréndira Sandoval Ballesteros compareció en la Cámara de Diputados después que ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de la Función Pública, convirtiéndose en baluarte de la lucha contra la corrupción en México.
Esta designación no ha sido una improvisación, puesto que Sandoval ha sido investigadora de tiempo completo del instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la máxima casa de estudios de México; además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la misma institución desde 2004. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California y maestra por la UNAM; estudió la licenciatura en Economía en la UNAM y Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Por si fuera poco, éste no es el primer cargo público que ejerce, pues fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y antes de ir a Estados Unidos para efectuar sus estudios de maestría y doctorado trabajó en la Cámara de Diputados y ganó el concurso de oposición abierto para ocupar el cargo de subdirectora en el Centro de Estudios de Fianzas Públicas de la Cámara de Diputados. Ahora, al frente de la SFP, la doctora Sandoval se ha propuesto refundarla y en su reciente comparecencia en el Senado precisó: “Nos hemos propuesto castigar la corrupción, eliminar el derroche y terminar con la ineficacia”.
Antes de sus comparecencias en el Congreso de la Unión había señalado: “Venimos de un régimen de mucha corrupción, caminamos hacia un modelo diferente donde promovemos las compras consolidadas, las cuales han permitido ahorros por más de 150 mil millones de pesos y se aseguran las mejores condiciones para el Estado”, tal como indica la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Ahora, en su comparecencia ante los diputados, precisó que “no hay intocables, ni perseguidos”, por lo que se han impuesto casi 3 mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas; además de la inhabilitación por 15 años al exdirectivo de Pemex.
En medio de cuestionamientos por el caso de Manuel Bartlett, la funcionaria dijo que, gracias al trabajo de diputados y senadores, “se ha avanzado con pasos firmes y serios para transformar y fortalecer el marco jurídico mexicano en el sendero de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción”.
Refiriéndose al neoliberalismo, Sandoval dijo que su peor herencia fue la corrupción; sin embargo, subrayó que, “si los mexicanos continuamos trabajando junto al Ejecutivo y la sociedad, si seguimos caminando junto a millones de mexicanos que ya están cansados de más de lo mismo, si nos unimos en esta causa común, con la que nadie que quiera México puede estar en desacuerdo, sin duda erradicaremos todos ese cáncer que nos lacera”.
En un sexenio lleno de corrupción, la Secretaría de la Función Pública había sobrevivido a los intentos de desparecerla, pero con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió fortalecerla, “mejoramos la vigilancia y el control interno en toda la administración pública federal; para ello concentramos organizacional, jerárquica y presupuestalmente a todo el personal de los Órganos Internos de Control (OIC), antes estos órganos dependían de cada una de las dependencias donde operaban, creando conflictos de interés entre auditor y auditado”, afirmó la secretaria.
Sandoval señaló que, con la transferencia de los OIC a la Secretaría, se preserva el gran “tejido nervioso” en la lucha contra la corrupción, el mecanismo de “reacción inmediata contra la corrupción” que constituyen los 214 OIC, que representan a la Secretaría dentro de las instituciones y organismos públicos, se garantiza la lucha contra la corrupción; presentando entre los primeros resultados las auditorías a obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos; “más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en Texcoco” y las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los Estados y Municipios deberán justificar ahora o reintegrar a las arcas de la Federación.
Al margen de los cuestionamientos de los diputados de oposición respecto a la actuación de la SFP frente al director de la CFE, la Secretaría de la Función Pública precisó que todos los mexicanos debemos ser parte de la lucha contra la corrupción y que internacionalmente, al igual que la opinión de los ciudadanos, indican que el presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando bien.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
