Hay reclamos que uno puede entender desde la necesidad, pero que aun así vale la pena revisar con cuidado. Comerciantes ambulantes reubicados de la Plaza Constitución protestaron ahora porque sus ventas han bajado y porque, dicen, hace falta más difusión del nuevo espacio donde fueron colocados. Dicho de manera sencilla: después de que se habilitó un lugar para que pudieran seguir vendiendo sin ocupar una plaza histórica, ahora también quieren que el gobierno les ayude a llevar clientes.
El punto no es hacer escarnio de quien trabaja, ni negar que muchas familias viven del comercio informal. Nadie sensato debería tratar el tema a la ligera o desde la comodidad de quien nunca ha tenido que salir a vender para completar el gasto. Pero una cosa es reconocer la necesidad y otra muy distinta asumir que toda necesidad debe convertirse en exigencia permanente al gobierno. Porque si el municipio ya recuperó un espacio público y además habilitó una alternativa para que los comerciantes no quedaran en la calle, cuál es la parte que corresponde a quienes venden.
Ahí aparece una comparación incómoda, pero necesaria. ¿Qué pensarán los comerciantes formales del centro, esos que pagan renta, permisos, servicios, impuestos, empleados, anuncios, mantenimiento, cortinas, luz, agua y hasta el letrero de su negocio, cuando ven que otros comerciantes piden que el gobierno también les haga promoción? El comerciante formal no sólo abre su local: lo sostiene, lo cuida, lo anuncia, compite y sobre todo asume riesgos. Si vende poco, rara vez puede ir a la presidencia municipal a exigir que le hagan campaña.
Por eso el tema de fondo no es sólo el ambulantaje, sino la justicia entre quienes compiten en una misma ciudad bajo reglas muy distintas. El espacio público no puede convertirse en una concesión eterna ni en ficha de presión cada vez que cambia la ubicación, baja la venta o llueve. Y tampoco puede dejarse que algunos liderazgos de comerciantes usen necesidades reales para mantener una negociación política interminable, porque muchas veces quienes ponen la cara son los vendedores, pero quienes capitalizan la presión son otros.
Ordenar el comercio informal en una ciudad como Pachuca no es sencillo, y menos cuando durante años se dejó crecer el problema hasta volverlo costumbre. La recuperación de la Plaza Constitución fue un paso importante precisamente porque devolvió a la ciudad un espacio que no debía seguir secuestrado por carpas y puestos. Que el nuevo lugar tenga retos, que falte afluencia o que deba mejorarse la comunicación, puede discutirse; sin embargo, lo que no se puede normalizar es que cada ajuste termine convertido en una nueva lista de exigencias.
Al final, trabajar también implica hacerse cargo del propio negocio. El gobierno puede ordenar, habilitar espacios, dialogar y mejorar condiciones, pero no puede convertirse en promotor y publicista de cada actividad económica informal. Si el comercio quiere ser tratado con seriedad, también debe asumir responsabilidades. Porque si a unos se les exige cumplir la ley, invertir y competir todos los días, ¿por qué otros tendrían derecho a que además de darles espacio, también les lleven la clientela?
