El trabajo en materia de procuración de justicia y democracia para combatir el inmovilismo político que se enquistó en Hidalgo para amparar el peculado y la malversación de recursos bajo el auspicio del antiguo régimen ha tomado un rumbo inusitado. La PGJEH y la Secretaría de la Contraloría se encuentran realizando una labor de inteligencia institucional como punta de lanza de una nueva articulación orgánica-normativa de Hidalgo.
La cloaca de la Estafa Siniestra que destapó el gobierno de Julio Menchaca Salazar creó el objetivo de depurar la estructura para garantizar la honestidad y la ética pública. Y es que, durante décadas, las figuras de poder maquillaron la realidad y propiciaron conductas de opacidad por parte de los servidores públicos que cometían peculado, o bien, eran instrumentos clave para su consumación.
Los resultados de la investigación encabezada por la PGJEH han creado una expectación social sin precedentes y han cimbrado la procuración de justicia y democracia; sexenios anteriores al de Omar Fayad han revelado la fragilidad y opacidad de las estructuras gubernamentales en un juego de intereses y negocios privados.
En este trazo de recomposición orgánica de la procuración de justicia y democracia, en una dupla de paladines el Quijote de la justicia, Francisco Fernández Hasbun y el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, han señalado los vacíos sistémicos de poder que dejó el antiguo régimen, creando una dinámica jurídica de intervención pública a través de herramientas de investigación institucional.
Estamos ante una nueva ingeniería en la procuración de justicia y democracia basada en sistemas de intervención institucional cuya transversalidad ya promueve estrategias de coordinación e instauración de un Modelo de Interconexión Metropolitana que involucra a Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, donde el flujo operativo de la información para la seguridad ciudadana y la contención de la delincuencia se unen en la depuración de las estructuras públicas.
En esta gran labor, la Secretaría de la Contraloría es pieza fundamental para romper las trabas de los sistemas rutinarios en las indagatorias y aporte de pruebas para el control del peculado y la malversación pública. El trazo reciente sobre la investigación de adeudo por 5 mil millones de pesos por omisión de pago de cuotas y aportaciones de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez entre 2011 y 2014 de trabajadores del IHE al ISSSTE, desempolva el anquilosamiento jurídico que operó en Hidalgo.
La fragilidad y los resabios que dejaron las administraciones del antiguo régimen en materia de procuración de justicia y democracia en Hidalgo son clave en la reestructuración institucional de las rutas de la transformación. El orden normativo tiene que sobreponerse no sólo al obstruccionismo legal, sino también a las lógicas de servidores públicos que, tácita o explícitamente, durante décadas crearon un abismo contra la honestidad pública.
La falta de integridad de los gobiernos previos ha quedado al descubierto más allá de la Estafa Siniestra en Hidalgo. Es tiempo de que la reingeniería de las estructuras de procuración de justicia y democracia redistribuyan la justicia y el poder del Estado a la sociedad.
