Legislativo y Judicial ya sabrían que hacer contra la violencia de género

El diputado Julio Valera Piedras, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que busca fortalecer el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa, explicó Valera, incluye “cambios para reflejar la actual conformación del Sistema Estatal, debido a que hoy en día participan más actores de los que la Ley reconoce, siendo su presencia y activa participación una pieza clave en el proceso de atención y erradicación de la violencia de género”.

La iniciativa también introduce terminología especializada en el glosario de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo, precisó el diputado priista, “hace referencia explícita a la participación de las Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres como parte del Sistema Estatal, y propone la creación de artículos específicos que mencionen las responsabilidades de los poderes Legislativo y Judicial en la prosecución de los objetivos de esta Ley”.

“La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo establece los integrantes del Sistema Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, como el mecanismo que coordina a las dependencias del gobierno en la lucha para eliminar la violencia de género”, expuso Valera ante el pleno del congreso local.

Sin embargo, en el marco legal no se han precisado las atribuciones que la Ley les dotara a cada uno para cumplir con los objetivos del Sistema Estatal, tampoco habían sido definidos con precisión las atribuciones de los poderes Legislativo y Judicial para la correcta articulación de políticas encaminadas al objetivo.

Finalmente, Valera Piedras informó que “México firmó desde 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que es una hoja de ruta para en materia de igualdad y erradicación de la violencia, y que obliga al establecimiento de políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno”, concluyó.


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