Representantes del capítulo Hidalgo de Tauromaquia Mexicana realizaron la entrega formal de documentación ante el Congreso local, con el objetivo de solicitar a las autoridades legislativas que se respeten las tradiciones y las libertades ciudadanas en torno a esta actividad.
Durante el acto institucional participaron voceros de la organización, así como Luis Eugenio Gallardo Hernández y Alejandro Espínola, quienes presentaron tres elementos que consideran fundamentales para el análisis correspondiente.
En primer lugar, entregaron más de 2 mil firmas ciudadanas recolectadas en distintos municipios de Hidalgo, las cuales, señalaron, reflejan el respaldo social a la tauromaquia y su arraigo en la entidad.
Asimismo, se presentó una solicitud de consulta indígena, suscrita por Agripino Montiel López, representante de la comunidad de Caxuxi, en apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del Estado de Hidalgo.
Como tercer elemento, se realizó la entrega del libro México es Taurino a cada uno de los integrantes de la LXVI Legislatura, con el objetivo de aportar información histórica, social y cultural que contribuya a una valoración integral del tema.
Ante la iniciativa de prohibición impulsada por el diputado local del Partido Verde, Avelino Tovar Iglesias, actualmente en proceso de análisis en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el sector taurino pidió que el debate se sustente en argumentos técnicos, económicos y jurídicos, dejando de lado posturas ideológicas o intereses particulares.
A través de los documentos entregados, la organización expuso que la llamada fiesta brava es una actividad cultural regulada que genera un impacto económico, social y ambiental del que dependen diversas familias.
También argumentó que una prohibición absoluta podría ser inconstitucional, al señalar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la protección de derechos culturales y libertades.
Advirtió, además, que una eventual prohibición implicaría riesgos económicos y la posible desaparición del toro de lidia, así como afectaciones al empleo de toreros, ganaderos y trabajadores vinculados a esta actividad.
Finalmente, la agrupación subrayó que estas acciones representan mecanismos legítimos de participación ciudadana que deben ser considerados en el proceso legislativo, al tiempo que reiteró su disposición para mantener un diálogo respetuoso e institucional.
