“No tenemos ningún indicio que lleve hacia el ex gobernador Omar Fayad”, señaló Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, respecto a las investigaciones por el presunto desvío de recursos por 140 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) durante la pasada administración.
El funcionario confirmó que la detención de Pablo M.C., quien fuera subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, fue por la compra de un software a sobreprecio derivado de un supuesto hackeo a las bases de datos de la dependencia, así como la detección de que se adquirió con una empresa fachada que cuenta con dos domicilios, uno en Estado de México y otro en Guadalajara, pero ambos son falsos.
“Dos días antes del supuesto hackeo la empresa cambió de razón social y su normatividad interna para poder hacer análisis y recuperar las bases de datos”, y añadió que el contrato se dio en cuatro pagos, el mayor de 102 millones de pesos y el resto fueron menores.
Aseguró que no hay demostración que se hubiera recibido el servicio solicitado y que el dinero fue retirado por empresas terceras en efectivo.
“Con esta aprehensión pasamos a un segundo nivel de funcionarios involucrados con la Estafa Siniestra”, aseguró, al escalar de los presidentes municipales a los servidores públicos estatales.
Explicó que hay otros ex funcionarios de la dependencia educativa que también son investigados, y no se descarta al ex titular de la Secretaría, Atilano Rodríguez, pero no habrán “juicios sumarios, ni absoluciones sumarias”.
Esta tarde fue presentado Pablo M.C. ante el juez de control, Luis Raúl González Becerra, en los Juzgados Penales de Pachuca, y la audiencia inició cerca de las 14:00. Se le destinó una abogada de oficio en tanto llega su equipo de defensores privados.
A EX CONTRALOR LE VINCULAN TRES DELITOS
En torno a la emisión de la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la búsqueda de César Román M.V., ex contralor estatal, Nieto Castillo refirió que se desconoce si está aún en el país, pues esto es investigado, pero la imputación es por tres delitos: amenazas contra un alcalde, tráfico de influencias y peculado.
La Fiscalía General de la República ya envió la ficha a la Interpol para su localización en otros países.
