A casi un mes de las fuertes precipitaciones que afectaron a 28 municipios de Hidalgo y que dejaron localidades y caminos incomunicados, el titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, afirmó que prevalece la gobernabilidad y que, con la coordinación entre dependencias, próximamente se superará la emergencia.
Refirió que, entre el gobierno federal, el estatal y las presidencias municipales, con apoyo de corporaciones de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), se trasladó a las personas damnificadas hacia lugares seguros, se brindó atención médica, se comenzó la entrega de víveres y se avanzó en la liberación de vialidades.
“A nivel estatal, cada secretario anda en campo buscando apoyar para la repartición de despensas, que ninguna comunidad se quede sin atender, tenemos servidores del pueblo de igual manera en esta labor, servidores de la nación, hay una colaboración muy estrecha entre las tres instancias de gobierno, por ello es que afortunadamente podemos decir que vamos saliendo de la emergencia, pero hay que asegurarnos de que todos los hidalguenses estén también en la tónica de que lo han superado”, dijo.
Por otro lado, habló sobre las reuniones con ejidatarios hidalguenses en el contexto de los bloqueos carreteros registrados en el país, derivados de la inconformidad con el precio fijado por la federación para la tonelada de maíz.
“Ellos reconociendo que el Gobierno de México ha estado apoyándolos con todo, a partir no solamente de un precio base, sino de fertilizantes y otro tipo de material de producto que se utiliza para asegurar una buena cosecha, por consiguiente, quedamos en que ese puente de comunicación quedaría abierto, quedaría disponible para cuando así se requiriera, pero por lo pronto en el estado, hablando del tema de productores del maíz, podemos decir que construimos un puente de diálogo que nos hace ubicarnos en un escenario de tranquilidad”.
Destacó el anuncio de la Presidencia de la República para establecer precios adecuados en los granos, con el propósito de fortalecer la economía agrícola, así como la política de diálogo y escucha que impulsa el Poder Ejecutivo estatal.
