Pese a los elogios que recibió el presidente Enrique Peña Nieto en el evento donde se firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, estar al frente de una nación y conducir su economía no puede hacerse con ocurrencias, con decisiones que no prevén las consecuencias o medidas espontáneas surgidas de la lluvia de ideas de un gabinete desorientado por la reacción del pueblo mexicano frente al incremento de los precios de las gasolinas, no considerada en sus simulaciones macroeconómicas.
Dirigir un país requiere poner en marcha una política económica y una política social correctamente estructurada. Pero para llegar a ello, es precisa una coordinación previa entre los agentes del mercado, entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, precisamente para poder definir una política económica correcta que cuente con el respaldo social y no sea el resultado de ocurrencias, con consecuencias impredecibles que pueden provocar una revolución social.
En el pasado, el presidente Carlos Salinas de Gortari, al convocar a todos los agentes del mercado para poner en marcha un conjunto de medidas y frenar la inflación, a través del Pacto de estabilidad y crecimiento económico (PECE), mostró que consensuar una política económica era posible en México y su ejemplo se debatió en las universidades europeas, donde estudiaba en ese entonces.
Lo lamentable ahora es ver cómo la reforma energética fue impuesta sin considerar realmente los intereses de los empresarios y de los trabajadores; es decir, sin tomar en cuenta los intereses de los hogares, de donde sale la fuerza de trabajo que mueve la economía de cualquier país. Al diseñarla, al menos por la respuesta popular y la reacción desorganizada del gobierno, no se estudiaron escenarios ni se escogió el mejor de ellos, tampoco se buscó el consenso.
Totalmente a destiempo y cuando el país amenaza con partirse, el presidente Enrique Peña Nieto hace un llamado a un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar”, para “dar marco a un acuerdo que nos permita emprender acciones, que nos permita ser sensibles a estas definiciones que se han tomado para, con sentido de solidaridad y de responsabilidad social, acompañar a los sectores menos favorecidos para cuidar de la estabilidad de precios, la estabilidad de economía, para cuidar la economía de las familias mexicanas”.
La convocatoria en la casa presidencial de Los Pinos fue un evento desangelado, donde la retórica y la desinformación han prevaleció sobre la razón, no sólo en el Acuerdo en sí mismo, que nunca fue contemplado dentro del “Paquete Económico 2017” aprobado por el Congreso en 2016 y es algo sacado de la “Chistera” de emergencia para detener el desbordamiento popular en el país y quizá la “Primavera Mexicana”, sino en los argumentos expuestos por el presidente, el cual trata por todos los medios deslindar los incrementos a los hidrocarburos de la reforma energética, así como en los esgrimidos por el secretario de Hacienda y el de Economía, José Antonio Meade Kuribreña e Ildefonso Guajardo, respectivamente, que constituyeron alegatos para defender lo indefendible.
El país ha acudido a un nuevo show del presidente y su gabinete para tratar de justificar lo injustificable, porque el precio de los hidrocarburos forma parte de los costos de producción de toda la economía nacional y no hay medidas que puedan frenar los precios, al menos que el Estado dé marcha atrás y establezca precios máximos para todos los bienes de la canasta básica, lo cual no permitirían hoy los empresarios; hacerlo provocaría deformaciones en los precios e iría en contra de la liberación de los mercados y de la formación de precios, de acuerdo a la oferta y la demanda, haciendo retroceder el desarrollo de la economía nacional.
Atinadamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha rechazado el Acuerdo, bajo el argumento lógico de que la propuesta no fue consensuado debidamente y corre el riesgo de convertirse en una estrategia de comunicación o imagen pública del gobierno, que es de lo que realmente se trata, pues el Acuerdo fue entregado el viernes 6 de enero pasado y su propuesta final entregada dos horas antes de ser anunciada, según el organismo empresarial.
En una crisis provocada por el gobierno, resulta absurdo que habiendo aprobado ya la política económica para 2017, ahora se trate de hacer ajustes y se convoque a la austeridad, incluyendo la reducción en 10% de la partida de sueldos y salarios de los servidores públicos de los mandos superiores del gobierno federal y se pida a todos los poderes del gobierno, a gobiernos estatales y municipales que adopten medidas similares.
El presidente Enrique Peña Nieto había señalado el jueves pasado que el aumento en los precios de las gasolinas anunciados en diciembre de 2016, conjuntamente con la liberalización del mercado en cinco etapas, que ha desatado la ira de la población, es producto del incremento internacional de la gasolina, y que “se trata de un aumento que viene del exterior”.
El presidente ha afirmado que “el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento (…) el ajuste del precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. En el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%”. Argumenta que todos los países petroleros hoy tienen problemas en sus finanzas producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, pero en 2008 cuando se dispararon los precios del petróleo superando los cien dólares, nunca se incrementó el precio de la gasolina.
Sólo el petróleo Brent del Mar del Norte, que sirve como referencia internacional, el lunes se vendió a 54.740 dólares por barril, y se ha reducido al día de hoy en 0.98%. Este tipo de petróleo, respecto a su precio del 31 de diciembre pasado, ha perdido un 3.71% de su valor. Después de 2008, cuando los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril, para luego caer en 2009 y volver a aumentar gradualmente en 2010 hasta llegar a un nuevo nivel máximo en 2012, el precios se ha ido desplomando gradualmente hasta 2014, año a partir del cual su precio se ha reducido vertiginosamente hasta 2016; en ese año llegó a estar en su nivel más bajo, incluso por debajo de sus costos de producción. De ahí la alarma entre los países petroleros y los acuerdos entre ellos para estabilizar el mercado en noviembre pasado.
Los acuerdos recientes de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como de los que no pertenecen a ésta, de reducir su producción para estabilizar los precios del petróleo, que entró en vigor el 1 de enero pasado, sólo espera un aumento de 5 centavos adicionales por litro, entonces: ¿dónde está ese alarmante aumento internacional de los precios de las gasolinas?
Es absurdo tratar de convencer a los ciudadanos de que los precios de la gasolina en México eran muy bajos en comparación con otros países y era preciso ajustarlos, retirar el subsidio por la salud de las finanzas púbicas o incrementarlos para proteger los programas sociales. La única razón es que la liberalización del mercado trae consigo incrementos en sus precios, el error fue hacerlo ahora, a un año de las elecciones presidenciales, y enfurecer al pueblo.
Hoy, al menos hay 57 países en el mundo donde el litro de gasolina es vendido a un precio menor que en México, entre ellos están Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Haití, Dominica, El Salvador y Guatemala, en América Latina; ni siquiera de esto informaron al presidente el lunes cuando anunció el Acuerdo y sólo se refirió a los tres primeros. En los países donde la economía de mercado funciona correctamente, como en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, por ejemplo, los precios son mayores a 1.4 dólares por litro.
De acuerdo con datos de Global Petrol Prices, China es uno de los países que vende más caro el litro de gasolina, 1.93 dólares; seguido por Noruega con 1.85 dólares; Islandia con 1.78 dólares y Mónaco 1.65 dólares; pero México, que es un país productor de petróleo, vende hoy en 0.84 dólares, en promedio, el litro de gasolina, mientras que en Estados Unidos se oferta en 0.68 dólares y en Canadá en 0.96 dólares por litro.
Por eso es que hablar de un incremento en los precios del petróleo o en el precio internacional de la gasolina, a fin de justificar los errores del proceso de liberalización del mercado de los hidrocarburos, componente de la reforma energética, negar que estos incrementos, y los que vendrán, son producto de ese proceso, resulta una ofensa a la inteligencia popular e intelectual de millones de mexicanos, pues supone que los ciudadanos están desinformados en la era de las comunicaciones.
Los aumentos en los precios de los hidrocarburos en México son el resultado natural de la liberalización del mercado, un componente de la reforma energética aprobada en 2013, pero no constituyen el incremento de los precios internacionales de la gasolina. Si bien los precios de la gasolina en el mundo han aumentado relativamente en algunos países de Europa, debido al invierno y la especulación provocada por los acuerdos de la OPEP, no alcanzan para que el gobierno justifique lo que está haciendo.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
