Debido a un juicio laboral, embargarán una parte de las prerrogativas mensuales que recibe el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sus actividades ordinarias.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó el cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del estado dentro del expediente 1522/2023, mediante la cual se solicitó el embargo del financiamiento público mensual que recibe el PRI por la cantidad de 85 mil 116.6 pesos en favor de Lucio Gutiérrez Hernández.
Durante la lectura de la sentencia, destacaron que, aunque el mandato no es de índole electoral, recae en el ámbito judicial laboral, además de contar con fundamentación legal y carácter firme.
“Es así como el embargo de prerrogativas constituye una medida jurídicamente viable cuando deriva de una resolución judicial que así lo mandata, especialmente en materia laboral, en la que se reconocen derechos fundamentales de las personas trabajadoras; esta medida no implica la afectación de bienes materiales del partido, sino la ejecución sobre los recursos públicos administrados por el organismo electoral”.
Por ello, el pleno instruyó a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de Administración, para que, en el marco de sus atribuciones, procedan en los términos que legalmente correspondan a realizar los trámites necesarios para ejecutar el embargo del financiamiento público destinado a las actividades ordinarias del Partido Revolucionario Institucional por la cantidad referida.
Para atender el mandato judicial, el Instituto verificó la información financiera del partido político a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de garantizar que la medida no afectara el pago de salarios del personal del tricolor.
Además, el acuerdo destacó que las autoridades electorales están obligadas a cumplir las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del INE, las prerrogativas de los partidos políticos pueden ser embargadas cuando se trate de la ejecución de derechos laborales reconocidos mediante una resolución firme.
