La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el juicio general SCM-JG-35/2026, promovido por la presidenta municipal de Cardonal, Karla Monserrat Hernández Cerroblanco, y el síndico procurador, José Luis Cerrito Simón, contra una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH). El registro oficial del TEPJF confirma que el asunto deriva de la sentencia TEEH-JDC-064/2026, relacionada con la participación de Lourdes Vázquez Reyes, representante de la comunidad indígena de San Antonio Sabanillas, en las sesiones de Cabildo.
De acuerdo con lo resuelto por la Sala Regional, la determinación del tribunal local resultó excesiva al establecer que la representación indígena debía ser convocada a la totalidad de las sesiones del ayuntamiento, pues ello podría incidir en la operatividad y organización del órgano municipal.
La controversia surgió después de que el TEEH revocara la determinación de la presidenta municipal mediante la cual se había informado a Lourdes Vázquez Reyes que sería convocada únicamente a aquellas sesiones en las que se abordaran asuntos relacionados con San Antonio Sabanillas, comunidad a la que representa.
Participación no sería en todas las sesiones
La Sala Regional consideró que deben tomarse en cuenta tanto los derechos de representación de las comunidades indígenas como la autonomía y potestad organizativa del ayuntamiento, ante la ausencia de reglas claras respecto de los alcances de dicha participación.
En ese sentido, se determinó modular los efectos de la resolución del TEEH, de manera que la representación indígena sea convocada cuando se discutan asuntos que puedan tener incidencia en su comunidad y no necesariamente a la totalidad de las sesiones de Cabildo.
La magistrada presidenta, María Cecilia Guevara y Herrera, votó a favor del proyecto y sostuvo que obligar a convocar a la representación indígena a todas las sesiones podría afectar el funcionamiento del órgano de gobierno municipal.
Magistrada plantea falta de legitimación
La resolución fue aprobada por mayoría y contó con un voto concurrente de la magistrada Ixel Mendoza Aragón, quien consideró que la presidenta municipal y el síndico procurador no tenían legitimación para promover el juicio, debido a que habían actuado como autoridad responsable en la instancia local.
Desde su postura, la controversia no planteaba un problema relacionado con la competencia del tribunal estatal, sino con la manera en que ejerció sus atribuciones, por lo que consideró que el juicio debía desecharse.
Por su parte, el magistrado José Luis Ceballos Daza defendió el proyecto al señalar que se configuraba una excepción a la falta de legitimación, debido a que el planteamiento del ayuntamiento cuestionaba un posible exceso en las atribuciones del tribunal local con incidencia en los derechos de la comunidad indígena.
El magistrado destacó además la relevancia del asunto para Hidalgo y a nivel nacional, particularmente ante los cambios legislativos derivados de la reforma constitucional en la materia.
