Sobre la licenciación para ejercer

El poder se manifiesta de manera distinta y, por tanto, existen diversas condiciones para ejercerlo, algunas de las cuales requieren de especialización constante.

He afirmado en otras colaboraciones que el poder político es el poder que controla a los individuos. Este tipo de poder normalmente se obtiene porque el titular del mismo otorga cuotas a personas inordinadas para subordinarlas; o porque el titular del poder otorga posiciones a personas que le deben vasallaje para que otras personas no puedan alcanzar la posición (preferentemente a través de acciones afirmativas) o para lograr mayorías; o porque el nepotismo (influyentismo derivado de vínculos genéticos, amatorios, de trabajo personal subordinado, o de compadrazgo/tutelaje) da más confianza al titular del poder que una distribución equitativa de las posiciones políticas; o porque la conquista del poder político por parte del poder social (sindicatos, gremios, activistas e incluso partidos políticos) está sujeta a condiciones de negociación con entes políticos y de trasmutación de ideas y/o actuaciones; pero también he afirmado que existe un poder científico, que es el poder que controla la naturaleza y cuyo ejercicio puede llevar a sus titulares a ser parte de las personas que gozan de prerrogativas derivadas del poder político.

Este tipo de poder requiere conocimientos técnicos, tales como ser sabedor de los tiempos, de las formalidades, de los límites y de los alcances del material trabajado. Bajando el abstracto al ejemplo, podemos decir que el abogado sabe cuándo y cómo realizar una promoción en un juicio, algún ingeniero conoce la temperatura a la cual se pueden manipular ciertos materiales o que el médico tiene el conocimiento para elegir entre un procedimiento quirúrgico o un tratamiento médico.

Sin embargo, mientras que algunas actividades del poder sobre la naturaleza requieren licencias (convencionalismos estatales o membrecías formales), otras se pueden satisfacer con el mero conocimiento, es decir, un abogado podrá hacer yogurt sin ser un ingeniero agrónomo, un químico podrá tocar el piano sin haber asistido al conservatorio, y una persona sin instrucción universitaria podrá tener conocimientos de política, gastronomía, física o idiomas; y si los convencionalismos sociales y los convencionalismos impuestos por el Estado no trastocan la posibilidad de que uno u otro ejerza dicha área del conocimiento, el individuo que sea capaz de realizar una actividad profesional podrá hacerlo. Ante la posible duda de esta afirmación, que baste el ejemplo de que, en Estados Unidos, una persona debe tener licencia para ejercer el estilismo, de lo contrario estará desafiando a dos instituciones: al gobierno que emite las licencias y al gremio de los profesionales del cabello, lo cual necesariamente llevará al practicante espurio a un proceso de naturaleza judicial, sin importar que tenga el conocimiento empírico para cortar el pelo.

Los postulados contenidos en los párrafos anteriores hacen posible evidenciar que cualquier persona puede ejercer un cargo público derivado de la democracia (con sus respectivos límites legales), pero no hace posible que cualquier persona ejerza una posición dentro del control de la naturaleza, puesto que el Estado solo otorga la licencia (título y/o cédula) a quienes han cumplido el protocolo académico, supuestamente para garantizar que no se usurpen funciones trascendentales y que haya actividades profesionales sin que él las autorice.

El gobierno justificará este acto de imperio (la posibilidad que tiene de autorizar, regular o prohibir el ejercicio de ciertas actividades) con la válida afirmación de que con ello evita riesgos de praxis en el ejercicio de determinadas dignidades y que con el otorgamiento de títulos, de uniformes o de trabajos en la administración pública a las “personas más capaces”, evita la descomposición social que podrían causar usurpadores de las funciones que han sido previamente estandarizadas por colegios de profesionistas, académicos institucionalizados y por el mismo gobierno.

En el argot popular se utiliza la expresión: “el hambre es canija y más canijo es el que la aguanta”, frase que utilizo para referirme a todos los individuos que, ante circunstancias distintas, manifiestan ser miembros de una dignidad que el Estado no les ha otorgado y que con ello adquieren responsabilidades y consecuencias, como su futura dependencia a quien sí tiene licencias; a que la mentira sea su modo de vida; a evitar sanciones a través del otorgamiento de favores; a un ejercicio ilegal de su profesión u oficio; y a la inevitable confrontación con la verdad ante ciertos miembros de la sociedad.

Mientras que los detentadores de un poder político lo ejercen realizando actos de imperio (actos encaminados a lograr la obediencia o el sometimiento de la sociedad o de otros poderes), quienes tienen poder sobre la naturaleza podrán modificar o afectar las condiciones sobre las que el primero se manifiesta, siempre y cuando este lo permita, es por ello que se ha formado lo que Maquiavelo conoció como “grupos”, Lassalle como “factores reales de poder” y que hoy, popularmente, se definen como el tercer sector, y que a saber son grupos criminales, sociedades secretas, organismos de la sociedad civil, sindicatos, colegios de profesionistas, cámaras empresariales, la academia e intelectuales, medios de comunicación, grupos religiosos, agrupaciones de industriales o comerciantes, liderazgos naturales y otros (de los que espero poder hablar en un momento cercano), y que imponen a través de ejercicios democráticos sus propias reglas; sin embargo, y por el motivo que hoy compete, quienes tienen la posibilidad de pedir o exigir la licenciación para el ejercicio de alguna profesión, hoy por hoy, incluso exigen certificación y recertificación.

Quienes han tomado el oficio de hacer política están salvos de tener que complacer a estas colegiaciones, pero están obligados a satisfacer reglas de las que he hablado con mayor detalle en otras participaciones.

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Por: Iván Mimila Olvera

Abogado y asesor en materia constitucional y autor de los libros "Cuestionario de Derecho Constitucional" y "Cuestionario de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos". Actualmente es litigante en activo y asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil.


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