A más de tres años de la administración de Julio Menchaca Salazar, todavía no existe certeza sobre la cantidad de inmuebles que son propiedad del Gobierno de Hidalgo y que eventualmente podrían recuperarse para incorporarlos al patrimonio estatal, reconoció el titular de la Coordinación General Jurídica, Raúl Serret Lara.
Entrevistado por medios de comunicación tras la celebración del Lunes Cívico en Plaza Juárez, el funcionario refirió que durante más de 80 años los gobiernos anteriores entregaron diversos bienes bajo determinadas circunstancias sin cumplir con las disposiciones legales, aunque no precisó la cantidad ni los nombres de los inmuebles involucrados.
“Durante más de 80 años los gobiernos anteriores habían dispuesto de la entrega de muchos bienes que no cumplían con la ley y que han sido indebidamente utilizados, lo que ha dado lugar a las causales que generan los procesos para que el gobierno del estado recupere la propiedad de los hidalguenses. Debe quedar muy claro que los gobernantes y los servidores públicos administramos bienes que corresponden y son propiedad de la población; no son propiedad del grupo gobernante ni de una figura gubernamental, sino de los hidalguenses”, expresó.
Continúan investigaciones y procesos legales
Serret Lara insistió en que el mandatario hidalguense tiene la intención de recuperar la mayor cantidad posible de inmuebles que fueron indebidamente donados u otorgados, además de generar ahorros en conceptos de renta cuando existan espacios o propiedades que puedan ser utilizados por la administración estatal.
Por ello, subrayó que continúan los procedimientos jurídicos correspondientes para la recuperación o revocación de donaciones, la revisión de escrituras y de las condiciones en las que fueron cedidos los inmuebles, así como la verificación de posibles responsabilidades y, en su caso, la intervención de otras autoridades, como la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Al ser cuestionado sobre la cantidad de propiedades o predios detectados con posibles irregularidades, el exdirector de Vinculación con el Sector Productivo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH) en el sexenio de Omar Fayad Meneses, evitó proporcionar cifras específicas debido a “razones estratégicas”.
“Esa es una pregunta muy compleja, porque los bienes inmuebles a veces los dividen o los mantienen ocultos. Existe la posibilidad de que sigan apareciendo más bienes. Lamento compartir con ustedes que en el pasado no existía rigor en el registro del patrimonio inmobiliario; se ocultaban bienes de los registros estatales y continúan apareciendo. Por eso es muy complejo proporcionar un número exacto de manera responsable y seria, pero este proceso continúa”, señaló.
Presunto daño al erario por 800 millones de pesos
Respecto a los inmuebles presuntamente sustraídos del patrimonio estatal, indicó que aún es complicado determinar cuántos existen, ya que las investigaciones continúan debido a que, aparentemente, administraciones pasadas facilitaron estas prácticas.
“Es muy complejo porque dentro de las estrategias que se utilizaban, quizá por casualidad o mediante una planeación específica, había información en una secretaría y en otra no. No se concentraban los datos de todos los inmuebles. Entonces aparecen registros por un lado y es necesario investigar, realizar verificaciones documentales en los archivos estatales y posteriormente en los registros públicos. Se lleva a cabo una investigación profunda para identificar si efectivamente existía o no determinado bien. Por eso es muy difícil señalar un número específico de bienes ocultos, porque conforme avanzamos en las investigaciones seguimos encontrando más casos”, manifestó.
Serret Lara reiteró las declaraciones del oficial mayor, Edgar Orlando Ángeles Pérez, respecto a que esta situación habría generado un presunto daño al erario por aproximadamente 800 millones de pesos y que, hasta el momento, se han recuperado poco más de 300 inmuebles.
Recordó el caso de la Asociación Down Hidalguense, A.C., cuya donación fue recientemente revocada debido a que no se protocolizó la escrituración correspondiente ante notario público.
En cuanto a otros casos similares, señaló que hasta ahora no han identificado predios bajo las mismas condiciones particulares, aunque las revisiones continúan.
