Entre luz y sombras, las estelas de la Estafa Siniestra se multiplican en el quebranto de la malversación pública y la podredumbre de la corrupción que parece no tener límites en las implicaciones del gobierno de la administración de Omar Fayad Meneses.
En un nuevo capítulo de las pesquisas de la Estafa Siniestra, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITMAH), del cual el servicio del Tuzobús encara una de las mayores presencias de la conexión urbana en Pachuca, la detección de un supuesto desvío superior a los 17 millones de pesos a cargo de su exdirector Pablo Elio N. -donde fueron escrutados 12 contratos con presuntas irregularidades y que ha dado paso a indagatorias judiciales- marca, en lo sustantivo, la necesidad de esclarecer los engranes de la malversación pública e ir hacia la justicia restaurativa que se exige a nivel social.
I. Los tribunales y su sanción
La intervención estatal del gobierno de Julio Menchaca en las pesquisas de la Estafa Siniestra ha develado el modus operandi de la triangulación administrativa como instrumento de filtración en el desvío de recursos y malversación pública que se presentó a gran escala en la administración del exgobernador Omar Fayad.
En este escenario delicado, el presunto desvío por más de 17 millones de pesos en la operación del Tuzobús, que tiene en indagatoria al exdirector Pablo Elio N., ha transitado a nivel de los tribunales de manera lenta y con el contraviento de las pruebas necesarias para generar certidumbre de la posible implicación de su exdirector y fincar una responsabilidad punitiva. Todo indica que la batalla legal no ha concluido, pero exige que el gobierno de Julio Menchaca en el capítulo de la procuración e impartición de justicia aplique el peso y el rigor de la ley con la pericia que exige la ciudadanía.
II. La triangulación administrativa de la Estafa Siniestra
El modus operandi de la triangulación administrativa de la Estafa Siniestra que vinculaba presupuestos federales y estatales con adquisición de insumos e infraestructura y programas sociales, vuelve a la escena de la adjudicación de contratos, donde particulares se encuentran inmiscuidos y deben ser arqueados para determinar el cómo y el qué de cada laberinto que ahora le toca al Tuzobús. ¿Hasta dónde se ha indagado la cadena de malversación pública en torno a los particulares y quiénes están implicados en las múltiples operaciones del Tuzobús?
La triangulación administrativa en la malversación pública también se presentó con la complicidad de los ayuntamientos, de los cuales recordemos que más de 13 alcaldes ya han sido vinculados a procesos judiciales pero no todos han pisado la cárcel, ante el paraíso de la libertad del que pega, paga y se va a su casa en la “reparación del daño”.
III. La crítica ciudadana
El pandemonio que ha implicado la malversación pública en la escalada y capítulos de la Estafa Siniestra ha creado tal expectación social sobre el ejercicio punitivo para los servidores públicos implicados en el desvío de recursos y sus cadenas de corrupción. Como lo implica la triangulación administrativa en el sexenio de Omar Fayad, que la ciudadanía espera mucho más que una posible “reparación del daño”, porque en ella lo que se presenta es la libertad por el uso de los fondos malversados, es decir, que quienes malversaron tienen su “guardadito o guardadote”, pagan lo que la justicia les puede probar y después salen libre y pelillos a la mar.
El Tuzobús es una carpeta apenas explorada dentro del SITMAH, y lo que se advierte es que se pueda llegar hasta sus últimas consecuencias con una investigación de arqueo público que impida que la corrupción de la Estafa Siniestra se convierta en impunidad pública.
