La diputada Paloma Barragán Santos presentó una iniciativa con el objetivo de establecer como requisito no contar con sentencia firme por delitos graves ni ser deudor alimentario moroso para ser nombrado en cargos públicos o desempeñar funciones dentro del servicio público en Hidalgo.
Durante su intervención en el Congreso local, la legisladora de Morena explicó que la propuesta plantea adicionar un último párrafo al artículo 17 y un cuarto párrafo al artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a fin de reforzar los criterios de idoneidad ética para quienes aspiren a ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública.
La iniciativa establece que no podrán ejercer un puesto público quienes tengan sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales o el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar o doméstica; violación a la intimidad sexual; así como por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, se impediría el acceso a empleos dentro del gobierno a quienes estén inscritos como deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente en sus pagos o que hayan cubierto la deuda correspondiente.
Barragán Santos argumentó que en México la carga del cuidado familiar recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, particularmente tras una separación, cuando muchas madres asumen solas la responsabilidad económica y de crianza.
Señaló que casi siete de cada 10 hogares encabezados por madres solteras enfrentan abandono económico por parte de los progenitores y que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
Indicó que el incumplimiento de esta obligación constituye violencia económica y también violencia vicaria, al utilizar la falta de sustento para afectar a las madres y a sus hijos.
Recordó que la reforma constitucional de 2023 impidió que personas deudoras alimentarias o agresores de mujeres puedan ser postuladas a cargos de elección popular; sin embargo, consideró que aún existen vacíos, ya que dichas personas pueden desempeñarse en otros espacios dentro de la administración pública.
