Las diputadas locales de Morena, Cynthia Citlali Delgado Mendoza y Tania Meza Escorza, señalaron una serie de fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), las cuales calificaron como “casuales”, luego de su postura en defensa de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, cuyo inmueble ubicado en el centro de Pachuca fue objeto del intento de la revocación de un comodato por parte del gobierno estatal.
Luego de que Delgado Mendoza solicitó a través de redes sociales a personas de su distrito recibir al personal del organismo fiscalizador y mostrar los apoyos entregados mediante el fondo de gestión social —que asciende a 50 mil pesos mensuales—, la legisladora fue cuestionada por medios de comunicación y aseguró que, de los 30 integrantes del Congreso local, únicamente ellas están siendo auditadas.
Indicó que consultaron con otros asambleístas, quienes hasta el momento no tienen conocimiento de revisiones similares.
En entrevista, ambas señalaron que se trata de “una casualidad que llama la atención”, al considerar que estas acciones comenzaron después de su reciente participación en el debate legislativo relacionado con la defensa del espacio que actualmente ocupa la asociación civil.
De acuerdo con las representantes populares, el proceso no inició mediante una notificación formal dirigida a sus oficinas o al Congreso, sino a través de llamadas realizadas por beneficiarios de distintas comunidades y colonias de los distritos de Ixmiquilpan y Pachuca, a quienes representan.
Los ciudadanos reportaron la llegada de personal de la ASEH en camionetas oficiales para realizar citatorios y cuestionarios relacionados con los apoyos recibidos, situación que generó desconcierto entre algunos habitantes.
Ambas precisaron que los montos asignados corresponden a apoyos modestos destinados a medicamentos, pintura o respaldo para comités escolares. No obstante, señalaron que les resulta llamativo que las verificaciones se estén realizando directamente con las personas beneficiarias.
Meza Escorza subrayó que el inicio de estas revisiones coincide con la postura que ambas asumieron durante el debate parlamentario referente a la Fundación Arturo Herrera Cabañas.
“Nosotros no tenemos ningún tema al respecto, simplemente hay que confiar en que las autoridades no politizan los asuntos. La rendición de cuentas es una obligación que tenemos todas y todos quienes trabajamos con dinero público, pero es simplemente una casualidad que llama la atención”, expresó.
Reiteraron estar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo, cuestionaron si este ejercicio se está aplicando de manera equitativa a los 30 integrantes de la legislatura o si se trata de un caso selectivo.
Delgado Mendoza precisó que cada diputado recibe un fondo de 50 mil pesos mensuales para gestión social, cantidad que consideró insuficiente ante las múltiples solicitudes ciudadanas.
“Realmente es muy difícil apoyar a todos, entonces lo que hacemos es ayudarles aunque sea un poco”, comentó.
Por su parte, Tania Meza cuestionó que, debido a que los montos entregados son bajos, resulte llamativo que hayan despertado el interés de la auditoría.
Asimismo, ambas señalaron que, tras el debate sobre la organización, se ha registrado un incremento de ataques mediante cuentas automatizadas y la difusión de información distorsionada en redes sociales.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y responder con veracidad, al asegurar que cuentan con evidencia fotográfica y documental que respalda la entrega de recursos a delegados, comités y personas solicitantes.






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