La diputada local del PRI, Montcerrat Hernández Pérez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo para establecer un marco normativo que garantice la corresponsabilidad familiar y parental de niñas y niños que permanecen con sus madres dentro de Centros de Reinserción Social (Ceresos).
Explicó que el objetivo es que las labores de crianza, cuidado y acompañamiento no recaigan exclusivamente en las mujeres privadas de la libertad, sino que también exista una participación activa de padres, abuelos y redes familiares externas, con la finalidad de fortalecer los vínculos afectivos y el desarrollo integral, emocional y social de las infancias.
Asimismo, argumentó que la propuesta busca contribuir a una perspectiva de igualdad sustantiva, al reconocer que la formación no debe asumirse únicamente como responsabilidad de las mujeres, incluso en contextos de privación de la libertad.
De acuerdo con la exposición de motivos, actualmente en Hidalgo viven 17 niñas, niños y bebés con sus madres en cinco penales de la entidad: Pachuca, Actopan, Molango, Tula y Tulancingo.
La información, basada en el Informe Anual de Centros de Reinserción Social Hidalgo 2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), señala que en la mayoría de los casos la carga cotidiana del cuidado recae principalmente en las madres.
La iniciativa advierte que esta situación reproduce una desigualdad estructural y limita la participación del padre y de otros familiares que podrían contribuir al bienestar y desarrollo de los infantes.
Entre los casos expuestos destaca el Cereso de Pachuca, donde actualmente viven siete menores —cuatro niñas y tres niños— en el área femenil, mientras que en Tulancingo habitan cinco menores. En este último, se señala que las mamás permanecen con sus hijos incluso durante visitas conyugales, lo que expone a la niñez a situaciones de contenido sexual explícito.
Asimismo, en el Cereso de Molango se reportó que no existe un área maternal ni espacios destinados a talleres de estimulación temprana o desarrollo infantil, pese a que ahí reside un bebé de un año de edad.
La reforma plantea adicionar los artículos 11 Bis y 23 Quáter a la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo. El primero establecería que los centros penitenciarios deberán contar con áreas maternales adecuadas cuando existan mujeres internas con hijos menores de tres años, garantizando condiciones de salud, higiene, seguridad, convivencia y desarrollo infantil.
Por su parte, el artículo 23 Quáter establecería que la autoridad penitenciaria deberá garantizar condiciones de corresponsabilidad familiar y parental, procurando la participación del padre y de la red familiar en las labores de cuidado y convivencia, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.
