Por segundo año consecutivo durante la actual LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales aprobadas por los diputados locales, al considerar que establecían cobros contrarios a la Constitución.
La resolución más reciente fue emitida el pasado 12 de mayo de 2026, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se invalidaron diversos conceptos de cobro incluidos en las leyes de ingresos de los municipios de Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya y Apan.
Entre las disposiciones anuladas se encuentran tarifas relacionadas con la expedición de copias certificadas, constancias, compulsas y digitalización de documentos.
Corte detectó cobros injustificados
La SCJN concluyó que los montos establecidos por los ayuntamientos no guardaban una relación razonable con el costo real de los servicios prestados, además de que no existían criterios objetivos que justificaran las diferencias en las cuotas aplicadas.
Asimismo, el máximo tribunal invalidó disposiciones vinculadas al cobro por alumbrado público municipal al considerar que, en la práctica, operaban como un impuesto relacionado con el consumo de energía eléctrica, materia reservada exclusivamente al Congreso de la Unión.
La resolución se suma a una decisión similar emitida durante 2025, cuando la Corte anuló disposiciones contenidas en las leyes de ingresos de 38 municipios hidalguenses.
En aquella ocasión, los ministros determinaron que el Congreso local no acreditó la metodología utilizada para fijar diversas tarifas relacionadas con copias certificadas, reproducción de documentos, acceso a la información pública y alumbrado público.
Congreso busca corregir observaciones
Ante las reiteradas resoluciones judiciales, el pasado 11 de junio el diputado Miguel Moreno Zamora, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, presentó una iniciativa para eliminar de las leyes de ingresos municipales diversos cobros por constancias, copias certificadas y reproducción documental.
El legislador señaló que la propuesta busca corregir un vacío normativo que ha provocado que estas disposiciones sean invalidadas de manera recurrente por la Suprema Corte.
La iniciativa pretende evitar que los ayuntamientos continúen incorporando conceptos de cobro que posteriormente son aprobados por el Congreso y terminan siendo declarados inconstitucionales por el máximo tribunal del país.
Hasta el momento, la propuesta continúa en análisis dentro del Poder Legislativo.
