Luego de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversos municipios por establecer cobros relacionados con la entrega de información pública, el diputado local Miguel Moreno Zamora presentó una iniciativa para eliminar de la legislación estatal las disposiciones que permiten cobrar por la reproducción de documentos derivados de solicitudes de acceso a la información.
La propuesta plantea derogar el artículo 102 Bis de la Ley Estatal de Derechos de Hidalgo, el cual establece que la consulta de datos realizada por particulares en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo es gratuita, pero permite el cobro de cuotas y tarifas cuando para la entrega de la información se requiera impresión o almacenamiento, conforme a lo previsto en las leyes de ingresos municipales.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta disposición ha sido cuestionada por la CNDH al considerar que imponer costos para acceder a información pública puede constituir una restricción al ejercicio de un derecho humano reconocido por la Constitución y por diversos tratados internacionales.
Asimismo, el proyecto propone derogar el artículo 191 de la Ley de Hacienda para el Estado de Hidalgo, que actualmente contempla el cobro de derechos por la expedición de copias simples, copias certificadas, discos compactos, planos, copias certificadas de planos y el envío de información mediante correo certificado o mensajería, cuando estos servicios deriven del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El legislador argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que los costos asociados a la reproducción de información no deben convertirse en una barrera para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información.
La propuesta señala que el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental que permite a la ciudadanía conocer, supervisar y evaluar el actuar de las autoridades, por lo que cualquier carga económica relacionada con su ejercicio debe eliminarse para garantizar condiciones de igualdad y máxima publicidad.
De ser aprobada la reforma, tanto el Ejecutivo estatal como los municipios dejarían de contar con disposiciones legales que permitan cobrar por la reproducción y entrega de información solicitada a través de los mecanismos de transparencia, fortaleciendo así el acceso gratuito a la información pública en Hidalgo.
