Club Pachuca podría ser vinculado por desobediencia de particulares; hay precedente

Ante el desacato de medidas sanitarias visto en el partido de semifinales entre Pachuca y Cruz Azul disputado el miércoles en el estadio Hidalgo, el club capitalino podría ser sujeto a vinculación a proceso por parte de la autoridad por su probable responsabilidad en hechos que la ley señala como desobediencia de particulares.

Lo anterior, al existir el precedente de una mujer gerente de una tienda en Actopan, quien incurrió en un acto similar al ofrecer productos no esenciales y violar los horarios establecidos, de lo cual tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

A través de un agente del Ministerio Público, (MP) fueron recabados los datos de prueba necesarios bajo el desobedecimiento de un mandato publicado en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo que fijaba las especificaciones para dar cumplimiento con restricciones.

En ese sentido, para el caso del Huracán, y del resto de negocios comerciales y recreativos, aún está vigente la disposición de limitar el aforo que va del 30 al 60 por ciento de capacidad, y para dicho inmueble es de 40 puntos porcentuales, es decir, aproximadamente 10 mil asistentes, pero esta cifra fue rebasada y se llegó hasta las 12 mil, cifra que acepta el mismo equipo de futbol, no obstante, todos los espectadores vimos por televisión que, al menos, el estadio recibió un 80 por ciento de aficionados.

Lo anterior lo confirmó una fuente judicial a Effetá, quien agregó que se configuraría una carpeta de investigación por desobediencia y resistencia de particulares bajo el artículo 314, que refiere:

“Al que rehusare, sin justa causa, prestar un servicio de interés público que la ley obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se les impondrá prisión de tres meses a un año o de cinco a 30 días multa.”

Para ello, explicó que podría intervenir el Instituto de Defensoría Pública para asesorar a posibles víctimas de delitos y para “este caso podrían ser todas las personas que entraron al inmueble”, citó el jurista.

No obstante, esta mesa de redacción intentó establecer contacto con dicha dependencia, pero externó que no podría emitir una perspectiva, pues refirió que si no hay afectados no pueden intervenir a favor o en contra, “debemos permanecer imparciales”, citó.

“En el supuesto de que se haya cometido un delito o una falta administrativa son otras instancias las que se encargan de eso, porque es como si la institución fomentara que se iniciara una controversia de carácter civil o contencioso.”

 


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