Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, aseveró que había “una falta de voluntad política” para dar seguimiento a investigaciones como La Estafa Siniestra, feminicidios y desaparición de personas.
Cuestionado sobre la muerte de un integrante de un grupo que se dedica al robo de hidrocarburo apodado “El Gelos”, quién tenía una orden de aprehensión por un feminicidio cometido en 2021, ya que no hubo una detención en su contra, el funcionario estatal reconoció que no había afán de las autoridades por accionar en favor de la justicia.
“No había voluntad en muchas acciones, en La Estafa Siniestra, en los temas de los feminicidios, desaparición de personas, algo que es tan simple como la celebración de un convenio con el INE, que nos ha permitido identificar a 66 personas para entregarlas a sus familiares, era un tema sólo de voluntad política”, expresó el funcionario.
Recordó que recientemente la Procuraduría realizó una búsqueda casa por casa, que permitió localizar a más de 200 personas: con prueba de vida 144 y 65 más con referencias.
Nieto Castillo dijo que uno de los objetivos de la actual administración de Julio Menchaca es disminuir los homicidios y delitos en razón de género.
Puntualizó que en lo que va del año se han iniciado 19 carpetas por feminicidios, y de estas 18 ya han sido resueltas con personas vinculadas a proceso o sentenciadas.
ACCIONES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO
Sobre la protesta durante el desfile del 16 de septiembre en Pachuca, donde mujeres víctimas de deudores alimentarios y de violencia de género se manifestaron para pedir justicia en sus casos, el funcionario recordó que existe una iniciativa presentada por la dependencia que encabeza, en conjunto con la diputada local Vanessa Escalante Arroyo, sobre integrar en una lista a deudores alimentarios en el estado.
Con este registro estas personas, dijo, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni ocupar puestos en gobierno; además, a nivel federal se trabaja con la senadora Olga Sánchez Cordero para que se sepa la capacidad económica real de los implicados que no pagan pensión alimenticia a sus hijos y forzarlos a pagar.
Lo que se plantea es que se pueda tener acceso a la información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las cuentas de estos deudores.
