La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) continúa en un juego de declaraciones a modo para propiciar la movilización estudiantil, así como de los sectores que puedan sumar apoyo enarbolando la bandera de atentado a la educación pública.
Pero para ponernos en contexto debemos retomar el hecho de que la propia Universidad adeuda cerca de 160 millones de pesos a instituciones públicas por concepto de agua, mientras que la suma reclamada al gobernador es de 140 millones de pesos aproximadamente.
Ahora con todas las piezas en la mesa podemos decir que la comunidad universitaria busca generarse un doble provecho, primero haciéndose de unos buenos millones de pesos que, se entiende, son un adeudo, pero también que la situación financiera de gobierno del estado puede haber ocasionado un “retraso” mas no una negación de pago.
Luego, si alguien reclama un adeudo es porque no debe una cantidad mayor, tema que parecería cuestión de sentido común.
La postura del líder de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, es muy sencilla: existen reglamentos avalados por el Congreso Local que inhabilitan la obligación de pagar algunos servicios básicos por tratarse de una institución de educación pública.
Evidentemente, el juego de palabras del líder del Patronato Universitario omite -parece que mañosamente, pese a su formación de abogado-, que por norma constitucional los bienes de dominio público no están comprendidos en la exención de pago de suministro de agua, razón que además se avala con tesis jurisprudencial, concretamente: si es su obligación legal pagar el agua con todo y el discurso victimizador de la educación pública, “no debería…”.
Posición cómoda y residuo innegable del espíritu porril que aún albergan algunos personajes. En la actualidad, por falta de información los estudiantes parecen desconocer sobre aquella época remota que es un mal recuerdo, por la que Sosa Castelán ha gastado cantidades millonarias –probablemente más de las que adeuda- en demandas por daño moral.
Sin embargo, es obligación decir que fue bajo la justificación de autonomía y educación pública cuando los miembros de la entonces Federación de Estudiantes Universitarios Hidalguenses (FEUH) necesitaban saciar distintas “necesidades” y podían hacerlo de forma impune, sin sanción ni autoridad sobre ellos.
Basta recordar que durante muchos años Hidalgo sufrió un verdadero infierno que, se cuenta, fue desde saquear camiones de gasolina, robo de automóviles, violaciones, homicidios, lesiones, daños en propiedad privada y pública, enriquecimiento ilícito, por citar sólo conductas generales.
Durante algún tiempo los hidalguenses tuvieron que buscar espacios de estudio y hasta diversión lejos de la entidad por el peligro que implicaba la FEUH, comandada por Gerardo Sosa, y en algún momento también por Francisco Olvera, siendo de éste último de quien se cuenta que nunca dejó de ver a Sosa como su superior.
La cofradía Sosa-Olvera llegó al grado que durante el sexenio del exgobernador se aprobó en el Congreso Local la desactivación de normas que impedían al líder del grupo universidad comandar abiertamente la UAEH, al tiempo que se le dieron obsequios como la dispensa de pago de agua.
Mientras todo esto ocurre, Hidalgo vuelve a temblar ante la posibilidad de que la movilización estudiantil pueda recaer en actos vandálicos que atentan contra la sociedad, así como poner en peligro la integridad de cualquier ciudadano.
Sosa Castelán busca recobrar fuerza de cara a las elecciones de 2018, al tiempo que saca jugosas ganancias económicas que juegan a su favor mas no de la comunidad universitaria, más bien, el volado está en el aire y podría revertirse si de pronto los estudiantes se enteran bien sobre el pasado de sus autoridades y llegaran a pedir su destitución en forma directa a las instancias correspondientes.
Pasa el tiempo y la UAEH sigue montando un circo mediático para extorsionar a los inquilinos de la Plaza Juárez, que esperamos no caigan en el juego de corrupción.
