Bajo la política de tolerancia cero al desvío de recursos públicos para beneficio personal, se puso en marcha la modalidad de auditorías “Colmena” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encaminadas a la fiscalización de las participaciones federales de los municipios.
“Miles de voces nos exigen una lucha frontal a la corrupción, tope donde tope y cueste lo que cueste; donde prevalezca la verdad, la justicia y la recuperación de lo robado al pueblo”, aseveró al respecto Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría en la entidad.
En ese sentido, añadió que rumbo a la transformación del servicio público para beneficio del pueblo y no para el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, el gobierno de Julio Menchaca busca mantener las instituciones estatales como un referente de transparencia.
Bajo este panorama, Álvaro Bardales dijo trabajar de la mano con la ASF para llevar a cabo 35 auditorías a 28 municipios: Acaxochitlán, Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Cuautepec, Mixquiahuala, Nopala, Pachuca, San Felipe Orizatlán, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlanchinol, Tula, Tulancingo, Xochiatipan y Yahualica.
La auditoría “Colmena” se centra únicamente en la revisión total de la gestión de los recursos de origen federal respecto a un acto en concreto, como las adquisiciones de bienes o servicios, la realización de obras públicas o el pago de servicios personales.
De igual forma, el servidor público afirmó que “nunca más debe haber una dádiva para los inspectores y auditores de obra pública”, por lo cual reiteró el firme compromiso que tiene el organismo a su cargo para abatir el rezago heredado a través de miles de actas de ‘entrega-recepción’ de obras públicas municipales que no se concluyeron debido a diversos actos de corrupción.
Por último, recalcó que desde el inicio de esta administración, derivado de las labores de auditoría algunos ayuntamientos fueron observados; 6 de ellos con procedimientos de responsabilidades en la Procuraduría y posteriormente separados de sus funciones.
