Mientras el Banco de México indica que las expectativas de crecimiento para este año están a la baja -al pasar de 2.15% a 2.10%, según los 36 grupos de expertos encuestados, y para 2018 esperan un crecimiento de 3.65% en lugar del previo de 3.67%, con una inflación 6.30% y no de 6.25%, según el anuncio precedente-, y los partidos políticos discuten sobre la asignación de recursos de su presupuesto para la reconstrucción tras el sismo de 19 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado su propuesta para apoyar a las personas físicas de la Ciudad de México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, Puebla, Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla de Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala, que perdieron su patrimonio.
La idea del gobierno federal es facilitar la reconstrucción y reparación de las viviendas, con lo cual espera estimular el crecimiento de la economía nacional y de los estados afectados. A falta de la puesta en marcha de un plan de infraestructura en el sexenio -el cual se resumió en el tren de la Ciudad de México a Toluca y la modernización del aeropuerto de la Ciudad de México-, esta propuesta podría servir de algo para terminar la administración con una tasa de crecimiento honorable, no del 5% o 7% como prometió el presidente frente al notario público durante su campaña, pero al menos sí superior a 3%.
La SHCP ha informado que los recursos provendrán de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), pero sólo serán desembolsados una vez que tenga disponible el censo de viviendas dañadas, sus respectivos dictámenes y sean suscritos los de conformidad con el acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos locales.
Con esa propuesta se espera que los ciudadanos cuyas casas fueron dañadas o de plano fueron pérdida total, puedan acceder a los créditos, entre los cuales destacan los hipotecarios para adquisición, reconstrucción y atención de daños estructurales parciales de vivienda. Además, algo relevante de la propuesta del gobierno federal es que las personas físicas que sufrieron pérdida total de sus inmuebles estarán exentas del pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) por ingresos de la venta del terreno que albergaba su vivienda, siempre que no exceda las 700 mil unidades de inversión y esté documentada la pérdida.
Lo que obvia la propuesta es que muchas de las casas y apartamentos destruidos o con afectaciones estructurales en la Ciudad de México no son, necesariamente, viviendas populares. Existen muchos apartamentos que superan los millones de pesos que han sido dañados y que constituyen el patrimonio de empresarios o empleados públicos, en los cuales invirtieron años de trabajo; por lo que si la propuesta de apoyo no se flexibiliza y se abre a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, sin proyectarse de manera clientelista de cara a las elecciones de 2018, será difícil que tenga el consenso de todos los ciudadanos afectados.
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
