Redacción
Problemas como la sobrepoblación, así como una deficiente infraestructura en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y cárceles distritales ubicados en el estado de Hidalgo, han derivado en situaciones de violencia que ya atiende la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Reinserción Social, así como de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
El alarmante 33.7 por ciento de sobrepoblación de los penales se está atendiendo, y para ello se ha trasladado a 138 reos de las cárceles distritales a diferentes Ceresos, todos ellos sentenciados ejecutoriados.
Además, para evitar conflictos al interior de los inmuebles, se mantiene una estricta vigilancia de los reos que, en su caso, son trasladados a distintos Ceresos. A la fecha este tipo de traslados asciende a 182.
En lo que respecta a la gobernabilidad, las autoridades informaron que se hacen continuas revisiones a las pertenencias de los internos, a los que se les ha encontrado teléfonos celulares, chips de teléfono, memorias USB, armas blancas y droga.
Para evitar que algún tipo de irregularidad sea cometida por los visitantes de los presos, se diseñaron controles de ingreso, de modo que se acredite el parentesco y exista certeza respecto de las personas que acceden y egresan de los penales.
En materia de obras al interior de estos centros de reclusión, destaca lo realizado en el Cereso de Pachuca, donde para garantizar la seguridad de las mujeres recluidas, se mejora y amplía el módulo femenil, lo que derivará en la conformación de un centro penitenciario femenil con infraestructura, administración y servicios totalmente independientes.
En una primera etapa se construyeron los edificios de Gobierno y Control de Acceso, y fueron rehabilitados los dormitorios existentes, con una inversión federal de más de 7 millones 700 mil pesos. Para la segunda y tercera etapas, ambas en ejecución, se contempla la construcción de nuevos dormitorios, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, muebles, herrería y cancelería, canchas de usos múltiples, entre otros, con las que se prevé beneficiar a 154 mujeres con inversión federal y estatal superior a los 6 millones de pesos.
Por su parte, las autoridades penitenciarias trabajan en una Comisión Intersecretarial, que determinará las actividades a realizar por los reos para su reinserción social. Asimismo, un total de 180 servidores públicos adscritos a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social han sido capacitados en temas como: “Derechos y Obligaciones de las Personas Privadas de la Libertad”, “Programa de Reinserción en el Sistema Penitenciario” y “Formación Inicial Equivalente”. Personal del área jurídica de la dependencia ha recibido capacitación para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal por parte del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social.
